Crece la tensión por el mercado cocalero en Bolivia: el mayor sindicato exigió la renuncia del ministro de Desarrollo Rural

Los integrantes del mayor sindicato cocalero de Bolivia demandaron este miércoles la renuncia del ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, tras dos días de choques con la policía por disputas entre dirigentes rivales por el control del lucrativo comercio legal de coca.

Uno de los grupos en disputa presentó una demanda al gobierno de Luis Arce para exigir el cierre de un mercado en La Paz que consideran “ilegal” y acusaron al Ejecutivo de proteger al grupo que administra ese mercado por razones políticas. Las autoridades, no obstante, no se han pronunciado sobre el pedido.

“Ya hemos enviado un pliego petitorio, estamos esperando qué nos dice el gobierno. No vamos a claudicar. Este mercado ilegal se abre con ayuda del gobierno por eso estamos en esta lucha. Queremos que se vaya este ministro”, expresó a los medios locales Carlos Choque, representante del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (COFECAY).

Los manifestantes defienden que el mercado de Adepcoca es, junto al de Sacaba en Cochabamba, el que la ley reconoce para la venta de hojas de coca para el consumo tradicional y cuestionan la creación de otro punto de comercialización sustentado por dirigentes que consideran oficialistas.

“Este Gobierno respalda y apoya a un mercado que no es legal (mientras) no reconoce a un mercado legal (el de Adepcoca) por el que desde hace años nuestros padres han luchado”, manifestó a la agencia EFE Eva Chambi, una productora que llegó hasta La Paz.

En los dos días de protestas la policía ha impedido el cierre del mercado de coca ubicado a pocos metros de otro que defienden los manifestantes. Varios comercios debieron cerrar por el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía.

El conflicto es de larga data: uno de los grupos se ha distanciado del gobierno de Arce, al que acusa de avalar a cocaleros supuestamente ilegales con el propósito de dividir a ese combativo gremio rural.

En septiembre de 2021 el Gobierno reconoció a Arnold Alanez como máximo dirigente de Adepcoca luego de la realización de un congreso en el que se denunció que no participaron los integrantes del sector “tradicional” que lo acusaron de ser parte de la zona ilegal de producción de la hoja de coca.

En ese momento, Alanez tomó control del mercado de Adepcoca con apoyo de la Policía, lo que originó una escalada de protestas del bloque contrario que luego de varios días de enfrentamientos logró rebasar a las fuerzas de seguridad para expulsar al dirigente y sus colaboradores y retomar la sede de la asociación.

Días después Alanez inauguró un mercado “paralelo” que, según dijo en su momento, se consiguió con los aportes de los afiliados que lo respaldaban y es el que ahora causa resistencia entre los demás cocaleros.

La sobreproducción de coca derrumbó el precio de esa hoja y está exacerbando el conflicto. En Bolivia el cultivo de esa hoja es legal hasta 22.000 hectáreas para consumo tradicional, pero un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que los cultivos llegaron a 29.400 hectáreas en 2020.

Según expertos los cultivos ilegales están creciendo por un relajamiento en los controles. La oposición acusa al presidente Arce de una ineficiente lucha contra la producción y tráfico de cocaína de la que Bolivia es tercer productor mundial después de Colombia y Perú.

Según la UNODC, el comercio legal de coca nueve entre 350 y 400 millones de dólares al año, poco más del 1% del Producto Interno Bruto. Estimaciones no oficiales indican que el comercio de cocaína mueve al menos tres veces más que esa cifra.

Más de 50.000 familias dependen del cultivo de esta hoja, según los dirigentes cocaleros.

(Con información de AP y EFE)

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