Representantes del Gobierno y de los sectores indígenas y sociales empezaron a negociar este miércoles acuerdos para fijar subsidios a los combustibles, principal demanda del reciente paro nacional que virtualmente paralizó Ecuador durante tres semanas.
Las conversaciones, que se desarrollan en la sede de la Conferencia Episcopal, en el norte de la capital, se mantienen en reserva y los protagonistas han anticipado que tampoco darán a conocer eventuales coincidencias parciales para no entorpecer las tratativas.
Tras el violento paro de junio, tanto representantes del gobierno como de los indígenas y otras organizaciones sociales se comprometieron a reunirse para tratar alrededor de diez demandas presentadas por los manifestantes que debían ser solventadas en un plazo de tres meses. Entre las exigencias están también la fijación por decreto de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la salud y la educación, entre otras.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, líder de la huelga nacional, antes de empezar las negociaciones dijo que se va a escuchar la respuesta a “lo que hemos enviado, con datos técnicos, y vamos a escuchar lo que dice el gobierno”.
Los indígenas han presentado un pedido de focalización de los precios de los combustibles para el transporte público y vehículos de sectores productivos para los que pide precios subsidiados: 1,75 dólares por galón de diésel y 2,40 la gasolina, y para los ciudadanos vinculados en actividades agrícolas y en zonas rurales, fijar precios con un mayor subsidio, 1,50 por galón de diésel y 2,10 la gasolina.
La gasolina tiene un costo de 2,40 dólares el galón y 1,75 dólares el diésel en Ecuador.
El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, uno de los representantes del gobierno, expresó que las propuestas presentadas por los indígenas pueden ser rediseñadas para mejorar la efectividad de los subsidios.
El gobierno de Ecuador y la mayor organización indígena del país iniciaron el miércoles 13 de julio un diálogo que durará 90 días.
Las conversaciones arrancaron en medio de la tensión que generaron las declaraciones desde el sector gobierno sobre el supuesto financiamiento de las marchas indígenas con dinero del narcotráfico y la participación violenta de guardias indígenas entrenadas.
Iza, quien preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), reclamó en la apertura del evento por las afirmaciones del presidente y aseguró que “no podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado ocho dólares a cada manifestante y, en este caso, que recibimos recursos del narcotráfico”. Pidió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actúa como mediador, que le solicite al gobierno un pedido formal a la Organización de las Naciones Unidas para que un relator especial del foro permanente de los pueblos indígenas sea veedor de las conversaciones.
Para el analista económico Vicente Albornoz se requerirá de una “gran dosis de creatividad” para alcanzar un mecanismo de focalización de los subsidios que no implique un aumento de los mismos y la generación de “mercados negros”.
En declaraciones a la agencia AP, Albornoz se mostró pesimista pues consideró “muy complejo” diseñar un sistema “que sea eficiente, que no le cueste dinero adicional al gobierno y que llegue a los que tiene que llegar”.
Aseguró que actualmente el Estado destina 500 millones de dólares aproximadamente para cubrir el subsidio a los combustibles, un modelo que presenta problemas, dijo, porque “primero llegan a los ricos y no a los pobres, segundo benefician a los contrabandistas que se llevan (el combustible) a Colombia y Perú… es la peor política que puede haber”.
El experto reconoció que una eliminación del subsidio en estos momentos es “utópica” pues representaría un incremento del precio para la mayoría de los ecuatorianos.
(Con información de AP)
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