En medio de la ola de protestas, se concretó el primer encuentro entre el líder indígena y el Gobierno de Ecuador

Representantes del Gobierno ecuatoriano se reunieron este sábado directamente con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, para tratar de entablar un diálogo a fin de analizar las demandas de los manifestantes, que llevan trece días de protestas por la carestía de la vida.

El encuentro se concretó tras una convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien enfatizó que Ecuador necesita un diálogo inmediato para solucionar la crisis por la que atraviesa.

La cita tuvo lugar en la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, en el centro de Quito, y en ella participaron por el Ejecutivo los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, entre otros. También participaron los presidentes del Consejo Nacional Electoral y de la Función de Transparencia, y por parte de los manifestantes asistieron delegados de otras organizaciones indígenas.

Saquicela informó que en la reunión se propuso conformar una mesa técnica con delegados del movimiento indígena y del Gobierno para iniciar el proceso de diálogo y analizar cada una de las propuestas planteadas por los manifestantes.

Iza indicó que para tomar una decisión primero debe consultar con las bases de las organizaciones.

Según Saquicela, los delegados del Gobierno mostraron su acuerdo con la integración de la mesa de diálogo, mientras que los presidentes de las otras funciones del Estado actuarían como garantes, indicó la Asamblea Nacional (Parlamento), en un comunicado.

“Esperemos que se concrete y se sienten en la mesa técnica”, subrayó Saquicela al anotar que “como Asamblea Nacional hemos pedido que se bajen tensiones y los enfrentamientos mientras se conforma la comisión y se encamine el diálogo para encontrar una solución.

Moción para destituir a Lasso

El acercamiento se dio pocas horas antes de que inicie una reunión del pleno de la Asamblea para tratar, como único punto, un pedido de destitución de Guillermo Lasso, quien el viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra.

La petición la realizaron asambleístas afines al ex presidente Rafael Correa (2007-2017) bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.

Aunque en principio la sesión del Legislativo iba a tener lugar en la sede de la Asamblea, finalmente se realizará de forma virtual debido al estado de excepción decretado en seis provincias por las protestas, que se han caracterizado por el corte de carreteras y el bloqueo de vías.

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.

Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

Los indígenas mantienen la movilización

En unas declaraciones en las instalaciones de la estatal Universidad Central del Ecuador, donde en los últimos días se habían concentrado miles de indígenas llegados del interior del país para participar en las marchas, Iza dijo que la movilización continúa y pidió a sus seguidores realizar trabajo comunitario para limpiar el lugar, donde descansarán.

Asimismo, comentó que permitirán el ingreso de alimentos a Quito para sostener “la lucha”.

De su lado, el consejero presidencial, Diego Ordónez, aseguraba este sábado que se había registrado una “masiva desmovilización” de los manifestantes indígenas que se habían concentrado en Quito.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Con información de EFE

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