
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 233 de los 298 municipios hondureños estuvieron bajo algún nivel de alerta por déficit de lluvias durante 2026, mientras 103 llegaron a alerta roja. En esas localidades viven aproximadamente 2,7 millones de personas, expuestas a la escasez de agua y a pérdidas en las actividades agrícolas.
El problema afectó principalmente a comunidades del Corredor Seco, donde numerosas familias dependen de la producción de granos básicos para su alimentación e ingresos. La situación elevó las necesidades de asistencia humanitaria: un llamamiento de Naciones Unidas publicado en septiembre estimó que más de 708.000 personas podrían necesitar ayuda por la emergencia.
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Cuando las comunidades todavía enfrentaban las consecuencias de la falta de precipitaciones, las fuertes lluvias de octubre provocaron nuevos problemas en diferentes regiones.
Uno de los sectores afectados fue el entorno del lago de Yojoa, donde las inundaciones impactaron directa o indirectamente a más de 100 hogares, según la OIM. El incremento del nivel del lago generó preocupación por los daños en viviendas, negocios y vías de comunicación en comunidades de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua.
4,3 millones de personas expuestas a sequía
Las perspectivas para los próximos meses no son alentadoras. Un pronóstico estacional elaborado por el Instituto Mundial de Datos de la OIM estima que, bajo un escenario climático típico, 4,3 millones de personas podrían estar expuestas a condiciones de sequía hasta marzo de 2027.
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El mismo análisis contempla un escenario menos probable, con una probabilidad del 10%, en el que hasta 25.000 personas podrían quedar expuestas a inundaciones.

Esas proyecciones muestran que el país podría seguir enfrentando amenazas climáticas opuestas, con consecuencias para las familias que dependen de la agricultura y viven en zonas susceptibles a deslizamientos o crecidas de ríos.
La jefa de misión de la OIM en Honduras, Mariana Rendón, advirtió que una misma familia puede perder sus cultivos por la falta de agua y luego sufrir daños en su vivienda por las lluvias, sin disponer del tiempo ni los recursos necesarios para recuperarse.
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Desplazamiento climático, el riesgo de fondo
Más allá de los daños materiales, la sucesión de fenómenos climáticos puede obligar a las familias a reconsiderar su permanencia en las comunidades donde viven. La pérdida de cosechas reduce los ingresos y compromete la alimentación, mientras que las inundaciones pueden destruir viviendas y pertenencias, lo que aumenta la vulnerabilidad de los hogares.
La OIM identifica este fenómeno como movilidad climática: una situación en la que las condiciones ambientales influyen en las decisiones de las personas de permanecer en sus comunidades, desplazarse temporalmente o migrar. El riesgo es especialmente alto para quienes carecen de ahorros, acceso a financiamiento o viviendas resistentes a los fenómenos naturales.
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En el norte de Honduras, la OIM desarrolló intervenciones para mejorar las condiciones de viviendas vulnerables que durante años sufrieron filtraciones, humedad y daños por las lluvias. Una de esas intervenciones alcanzó a 7.365 personas mediante la rehabilitación y mejora de sus hogares, con apoyo del Fondo Humanitario para Honduras.

El organismo también trabaja con instituciones nacionales y municipales en acciones de preparación ante emergencias, que incluyen sistemas de alerta temprana, planificación de evacuaciones y administración de albergues.
La discusión sobre estos riesgos coincide con la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Desde ese escenario internacional, la OIM insistió en que los países incorporen la movilidad humana en sus estrategias de adaptación y financiamiento climático.
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Para Honduras, el desafío no se limita a responder cuando ocurre una emergencia, sino a reducir las condiciones que hacen que millones de personas sean vulnerables tanto a la sequía como a las inundaciones.
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