Activistas denunciaron este martes el inicio esta semana de tres juicios en Cuba a un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2020.
Los procesos, que se realizarán hasta el 15 de enero, se llevan a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín.
La fiscalía ha pedido para alguno de los acusados hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición. Los activistas aseguran que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o compartieron videos de estos hechos en las redes sociales.
En Holguín, se juzga en una causa común a 21 personas, entre ellas a cuatro jóvenes de 17 años para los que la fiscalía pide 15 años a cada uno por sendos delitos de sedición. Para otras cuatro se solicitan hasta 30 años de cárcel.
Varias ONG han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos. Las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales.
La dictadura cubana ha negado además que se trate de juicios de carácter político. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que en la isla “no hay presos políticos” y que los cubanos “pueden manifestarse libremente” en contra de la revolución. También subrayó que en Cuba no hay en cárceles comunes menores de 16 años.
Activistas y familiares se han quejado además en redes sociales de la imposibilidad de acceder a los juicios y de la presencia policial en los alrededores de las audiencias.
Los juicios han estado precedidos por campañas de los activistas para llamar la atención sobre estos procesos de los medios internacionales y de otros países.
Familiares de procesados en Santa Clara pidieron apoyo este lunes a más de 30 legaciones internacionales en Cuba, entre ellas las de México, Colombia, Brasil, España, Alemania, Reino Unido, la Santa Sede, la ONU y la Unión Europea (UE).
Según Prisioners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos, la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años.
Por su parte, la ONG cubana Cubalex identificó en su último recuento, de este 3 de enero, un total de 1.339 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 710 (de los que 14 son menores) siguen arrestados.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció este martes que ha denunciado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente”.
En Cuba, la edad penal mínima son 16 años y la ley no distingue a partir de esa edad entre menores y adultos, como recomienda Naciones Unidas.
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.
(Con información de EFE)
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