El Tribunal Supremo de Bolivia investiga a Evo Morales por la muerte de tres extranjeros en un operativo policial de 2009

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó este martes abrir una investigación contra el ex presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, por presuntos delitos de lesa humanidad vinculados a un operativo policial que en 2009 dejó tres extranjeros muertos en Santa Cruz.

El presidente de la Sala, Carlos Ortega, informó de la resolución en una rueda de prensa en Sucre, capital constitucional del país y sede del Poder Judicial. Ortega indicó que el tribunal emitió las órdenes para notificar a Morales (presidente entre 2006 y 2019) y a García Linera en un plazo de 72 horas.

La acusación llegó a la Fiscalía el 9 de octubre, presentada por parlamentarios de Libre, la alianza opositora liderada por el ex presidente Jorge Quiroga. Pide un juicio de responsabilidades contra los dos exmandatarios por “ejecuciones sumarias” y por las posteriores detenciones ilegales y torturas. El texto les atribuye responsabilidad penal directa por la decisión y la conducción política del operativo. El diputado Antonio Pino, en representación de Libre, entregó un legajo con declaraciones, artículos de prensa y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso.

Tres días después, el 12 de octubre, el Ministerio Público inició la fase de acumulación de antecedentes por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas. El fiscal general interino, José Armando Urioste, la describió como una etapa inicial y anunció que enviaría un informe al TSJ.

Por tratarse de expresidente y exvicepresidente, el procedimiento sigue la vía del juicio de responsabilidades. Si la Fiscalía admite la acusación, el caso pasa al Legislativo, que necesita el voto de dos tercios para autorizar el proceso. Solo después lo juzgaría el propio TSJ.

El expediente remite al 16 de abril de 2009, cuando la policía asaltó el hotel Las Américas de Santa Cruz. Murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

El Gobierno de Morales sostuvo entonces que los cinco formaban una célula terrorista que pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el presidente. Las 39 personas procesadas en el caso denunciaron que el Ejecutivo lo montó por motivos políticos, para acallar a líderes opositores de esa región.

En 2015, tras un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Cumplida la pena, salieron de Bolivia por temor a su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

El proceso se cerró en 2020. El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), a través de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la acusación particular, y la Fiscalía hizo lo propio con la pública. Con ambos retiros, el proceso se archivó.

En septiembre de 2022, la CIDH, a petición de la madre de Dwyer, concluyó que el Estado boliviano era responsable de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de los afectados. El entonces procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo que “el informe no era vinculante para Bolivia”.

En abril de 2024, la Fiscalía General conformó una comisión de fiscales para investigar el caso, quince años después de los hechos. García Linera cuestionó entonces que él y Morales pudieran ser investigados, y sostuvo que correspondía indagar las cuestiones operativas del procedimiento policial.

Ortega indicó que el plazo de 30 días de la investigación preliminar “está corriendo”. Al vencer, el Ministerio Público dictará la resolución conclusiva que corresponda a esta etapa de la investigación, según explicó Ortega.