El dictador Daniel Ortega no viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre, de acuerdo con información publicada por La Prensa, diario nicaragüense.
La ausencia de Ortega ocurre en medio de una nueva presión diplomática sobre el régimen de Ortega y Rosario Murillo por la situación de los presos políticos y las restricciones a las libertades en Nicaragua.
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Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, confirmó a medios españoles que Ortega no estará en la cita. Hasta la publicación de la nota, el régimen nicaragüense no había informado si enviaría a un representante ni quién ocuparía esa eventual delegación.
La ausencia de Ortega prolonga una conducta que ya tuvo antecedentes en encuentros regionales. Nicaragua tampoco participó de la XXIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cuenca, Ecuador, en noviembre de 2024.
Ortega, de 81 años, mantiene escasas apariciones públicas y ha delegado parte de la exposición oficial en Rosario Murillo, quien ejerce como copresidenta y portavoz del régimen.
El régimen de Ortega podría enviar a un delegado
La Secretaría General Iberoamericana (Segib) informó que los países cuyos presidentes no asistan podrán estar representados por vicepresidentes o ministros de Relaciones Exteriores. La Prensa indica e en su publicación que consultó en dos ocasiones a las autoridades nicaragüenses sobre una posible delegación, pero no obtuvo respuesta.
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El canciller Valdrack Jaentschke y el representante de Nicaragua ante España, Denis Moncada, aparecen como posibles enviados, aunque no existe una confirmación oficial. La participación de un delegado tendría lugar pese a los pedidos de sectores opositores y exiliados para que el régimen de Ortega no fuera invitado a la reunión regional.
La politóloga nicaragüense Alexa Zamora, exiliada en España y consultada por el medio, cuestionó la convocatoria a los dirigentes nicaragüenses. Afirmó que la presencia del régimen en la cumbre podía interpretarse como una validación política, en un momento en que organismos regionales reclaman medidas ante la situación de los derechos humanos en el país.
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El endurecimiento de España ante la represión en Nicaragua
La relación entre España y el régimen nicaragüense atravesó nuevos episodios de tensión durante 2026. Según la información publicada por La Prensa, las autoridades de Managua expulsaron al embajador español pocos días después de su llegada al país y redujeron la representación diplomática de la legación a dos funcionarios.
El régimen justificó esas decisiones con acusaciones de injerencia en asuntos internos. Madrid mantuvo una posición crítica frente a las denuncias de abusos de derechos humanos y ya había desconocido los resultados de las elecciones de 2021, que permitieron la continuidad en el poder de Ortega y Murillo.
España también concedió la nacionalidad a 214 nicaragüenses exiliados o expulsados desde 2023, según datos de la organización Cívico, que realiza un seguimiento del Boletín Oficial del Estado. El 23 de octubre se anunció la nacionalización de otros 46 ciudadanos de Nicaragua.
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El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, recibió en julio a Denis Moncada. Ese encuentro provocó críticas entre opositores nicaragüenses radicados en España, que interpretaron la reunión como una señal contradictoria respecto de la postura oficial de Madrid frente a la represión.
El plazo de 60 días que fijó la OEA para evaluar a Managua
La cumbre se realizará mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) aumenta la presión sobre las autoridades nicaragüenses. El 2 de octubre, una reunión de cancilleres aprobó una resolución que exigió elecciones libres, la liberación de los presos políticos y la creación de un grupo ministerial para abrir un diálogo con el régimen.
Ese grupo tendrá 60 días para elaborar un informe con recomendaciones concretas sobre la respuesta de Managua a las demandas planteadas por los países miembros. La decisión se adoptó después de que Ortega anunciara en julio el final de las elecciones, una medida que generó críticas en la región y reactivó el debate sobre Nicaragua dentro de la OEA.
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Dora María Téllez, exguerrillera nicaragüense y nacionalizada española, expresó su expectativa de que la Cumbre Iberoamericana mantenga la presión sobre Ortega y Murillo. La dirigente vinculó esa posibilidad con la resolución de la OEA y con la exigencia de que se garanticen comicios y la liberación de los detenidos por razones políticas.
La Unión Europea, por su parte, renovó su régimen de sanciones contra Rosario Murillo, tres de sus hijos —Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo— y otros 17 integrantes de la cúpula nicaragüense. Las medidas están vigentes desde 2019 y también alcanzaron a la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor.
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