
Este sábado se registraron nuevos incidentes en la cárcel regional de Guayaquil en la misma zona en la que la semana pasada murieron 118 reclusos en violentos enfrentamientos.
Una columna de humo y el sonido de un tiroteo ha alertado a las autoridades de los incidentes en las inmediaciones del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil, ubicado a escasos metros de la Penitenciaría del Litoral, donde se registró la masacre.
Familiares de los presos informaron de que sobre las 8 de la mañana entró en la prisión un fuerte contingente militar y diez tanquetas, a lo que siguieron las detonaciones de bombas de humo y un tiroteo.
Desde el exterior de la cárcel se podía ver a presos encaramados en las cubiertas de las instalaciones y movimientos de camillas. Un policía herido ha sido evacuado en ambulancia, según fuentes militares citadas por el diario El Comercio.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad ha confirmado un operativo conjunto de control y requisas junto a la Policía y las Fuerzas Armadas. Equipos tácticos de la Policía y miembros de Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas están en la prisión.
Mientras, los exteriores son resguardados por miembros de la Infantería de Marina y allí una decena de familiares de presos reclaman información y la salida anticipada de los reclusos.
El presidente de Ecuador, Guuillermo Lasso, decretó el miércoles el estado de excepción en el conjunto del sistema carcelario en base a la “grave conmoción interna”. Esta medida regirá durante 60 días y se fundamenta en las circunstancias vividas, y con el fin de “precautelar los derechos” de los presos, según el mandatario.
Con estos serían ya más de 200 personas las que han muerto en las siete prisiones del país en lo que va de año, con una de las más grandes masacres el pasado 23 de febrero en las prisiones de Libertad Zonal 8 y Sierra Centro Norte, en la provincia de Cotopaxi, y en Cuenca, en la provincia de Azuay, que se saldaron con 80 presos sin vida.

Mientras tanto, el proceso de identificación de los presos fallecidos en la masacre del martes se ha visto obstaculizado por la falta de información sobre los reos que se hallaban en el pabellón número 5 del centro penitenciario del Litoral, donde más cantidad de cadáveres fueron encontrados.
Hasta el viernes, se habían identificado 41 los cadáveres y 21 se habían entregado a sus familias.
La reyerta del martes puso de manifiesto la grave crisis carcelaria y de seguridad que vive el país andino, donde carteles extranjeros vinculados al narcotráfico financian a bandas locales que se disputan el mercado, sobre todo en torno a ciudades portuarias por las que sale la droga.
La reconversión del sistema penitenciario es una de las asignaturas pendientes del anterior Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) que ha heredado el actual mandatario, Guillermo Lasso.

Tras la situación del pasado martes, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Bolívar Garzón, anunciaron medidas contundentes para afrontar la crisis carcelaria, sobre todo reducir el hacinamiento, que en la cárcel del Litoral llega al 62 %.
Entre las medidas anunciadas está la intención de conceder unos 2.000 indultos “de forma inmediata a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales”, y la de comenzar a la repatriación de presos extranjeros. La devolución de 82 ya está en trámite.
El Gobierno también prevé rehabilitar el complejo de Guayaquil y distribuir a los presos en pabellones diferentes para evitar hechos violentos, además de impulsar la construcción de centros adicionales. Igualmente instalará “un escáner de carga para evitar el contrabando de armas”.
Con información de EuropaPress, EFE y AFP
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