Mulino tendrá que decidir nuevamente sobre los descuentos a jubilados aprobados por diputados panameños

La ampliación de los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores volverá al despacho del presidente José Raúl Mulino, después de que la Asamblea Nacional aprobara este viernes 30 de octubre el proyecto de ley 746.

La iniciativa recibió 50 votos favorables en tercer debate, superando así el trámite legislativo que antecede a su revisión por el Ejecutivo.

El nuevo intento legislativo se concretó en las últimas horas del período ordinario de sesiones, luego de una discusión acelerada que comenzó a principios de octubre. La propuesta del diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, había conseguido 54 votos en segundo debate, celebrado durante la noche del 27 de octubre.

La decisión presidencial será determinante porque Mulino ya rechazó una reforma similar el pasado 20 de septiembre. En aquella ocasión, el proyecto 226 fue objetado totalmente por razones de inconveniencia e inexequibilidad, mientras organizaciones empresariales advertían sobre los costos que implicaría ampliar los descuentos obligatorios para diferentes actividades comerciales.

Aunque ambas iniciativas persiguen mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores, existen diferencias en sus disposiciones. El proyecto 746 ajusta algunos porcentajes, delimita determinados beneficios y contempla un mecanismo de compensación para las microempresas, con el propósito de responder a parte de los cuestionamientos que acompañaron la propuesta anterior.

En medicamentos, la versión aprobada fija una rebaja del 20%, condicionada a la presentación de una receta médica a nombre del beneficiario.

El texto inicialmente presentado establecía un 25%, mientras la iniciativa vetada había considerado descuentos superiores durante su discusión, uno de los aspectos que generó preocupación entre representantes del sector farmacéutico.

La atención médica también tendrá nuevos beneficios para quienes requieren tratamientos especializados, particularmente los pacientes con cáncer.

El proyecto contempla un 30% de descuento en procedimientos, terapias, medicamentos e insumos oncológicos, además de 25% en consultas médicas, 20% en laboratorios y 30% en radiología.

Las disposiciones alcanzan otros gastos vinculados con la salud, la movilidad y la autonomía de las personas mayores. Se establecen rebajas del 20% para prótesis, sillas de ruedas y equipos de asistencia, mientras las adecuaciones básicas de la vivienda principal tendrán un 15% de descuento, incluidas rampas y barras de apoyo.

En los establecimientos de comida, la rebaja para los beneficiarios se mantiene en 25%, pero las fondas quedan excluidas de la obligación. Este porcentaje contrasta con el 35% contemplado inicialmente en el proyecto anterior, por lo que la nueva formulación reduce la carga propuesta para los restaurantes.

Durante su discusión en el pleno, los diputados añadieron un beneficio del 20% para pañales de adultos y aprobaron exenciones del ITBMS y del impuesto de importación. El tratamiento tributario también comprende bolsas de colostomía y sondas urinarias, mientras los servicios funerarios tendrán una rebaja del 25% y el aseo residencial, del 20%.

La reforma conserva como beneficiarias a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, incluidos extranjeros con residencia permanente en Panamá.

También protege a quienes reciben jubilaciones o pensiones sin importar su edad, aunque excluye de los nuevos descuentos determinados servicios prestados por instalaciones públicas de salud.

Uno de los elementos incorporados para atender las preocupaciones de los pequeños negocios es la creación de un fideicomiso compensatorio. La propuesta plantea reembolsar hasta el 100% de los descuentos debidamente documentados por microempresas acreditadas, pero su funcionamiento dependerá de los recursos disponibles y de los controles establecidos.

El debate económico sigue abierto porque los beneficios representan obligaciones para establecimientos de distintos tamaños y actividades.

Durante la tramitación del proyecto anterior, sectores comerciales, hoteleros y farmacéuticos solicitaron evaluar su sostenibilidad, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas planteó observaciones sobre las consecuencias fiscales de la ampliación.

Los promotores de la reforma estimaron en unos 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios propuestos, una referencia que deberá examinarse junto con los mecanismos de financiamiento.

La cifra también plantea interrogantes sobre la capacidad de compensar a los comercios sin generar nuevas presiones presupuestarias.

Con el respaldo legislativo asegurado, la discusión se traslada nuevamente al Órgano Ejecutivo, donde deberá determinarse si los cambios responden a las objeciones formuladas en septiembre.