Las calles de cinco ciudades del Ecuador fueron los escenarios de marchas multitudinarias de mujeres que exigen al congreso del país que cumpla con la aprobación de la ley para acceder al aborto en casos de violación. En abril de este año, la Corte Constitucional ordenó que se apruebe dicha ley luego de declarar inconstitucional que el aborto no esté permitido para todas las mujeres sobrevivientes de una violación. Antes de ese pronunciamiento de la Corte, solo las mujeres que padecían algún tipo de discapacidad mental podían acceder a un aborto no punible.
Desde aquel fallo de la Corte, en el Ecuador el aborto es legal cuando se practica para salvar la vida de una mujer o en caso de violación, pero es necesaria una ley que lo normativice y fije pautas claras de procedimientos y plazos.
La Defensoría Pública tuvo que redactar un proyecto de ley para acceder al aborto en caso de violación. A partir de su entrega, la Asamblea Nacional –como se llama el congreso ecuatoriano– tiene 6 meses para aprobar el cuerpo legal. No obstante, el plazo culminará este diciembre.
Para que una ley sea creada en el Ecuador, el proyecto de la normativa debe ingresar al Consejo de Administración Legislativa (CAL), el órgano más importante dentro del congreso. Luego los miembros del CAL califican el proyecto y lo envían para el análisis y evaluación a una de las comisiones de la Asamblea. En la comisión se decide si el proyecto debe ser debatido en el pleno del Legislativo, para ello emitirá un informe. Una vez llegado al pleno, los asambleístas debatirán en dos ocasiones el proyecto de ley para finalmente aprobarlo o archivarlo. En caso de aprobación, la ley se enviará al Presidente de la República, quien puede aprobar o vetar total o parcialmente la ley. El presidente Guillermo Lasso tendrá, según establece la norma, 30 días para decidir si objetar o no la ley. Luego la normativa regresa al Legislativo donde, con los ajustes del presidente, será votada nuevamente. Si se aprueba, se publicará en el Registro Oficial del país. A partir de su publicación, tendrá vigencia.
El pasado 17 de agosto, el CAL envió el proyecto de ley a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Desde ese momento, la comisión ha recibido las comparecencias de medio centenar de expertos entre científicas, abogadas, médicos, activistas a favor y en contra del aborto. A pesar de ello y de que el reloj está en su contra, la Asamblea aún no ha tratado el proyecto.
Es por lo anterior que, el 28 de septiembre, cuando se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cientos de mujeres ecuatorianas marcharon para exigir a la Asamblea que apruebe la ley que permitirá que las víctimas de violación puedan acceder a un aborto legal y seguro.
La falta de acceso a abortos legales y seguros obliga a miles de mujeres a buscar atenciones en clínicas clandestinas o a automedicarse. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año entre el 4,7 % y el 13.2% de las muertes maternas del mundo se debe a abortos no seguros. En países en vía de desarrollo, como Ecuador y otros tantos en Latinoamérica, 7 millones de mujeres son ingresadas a los hospitales cada año por haberse sometido a abortos no seguros, de acuerdo con la OMS. Las complicaciones provocadas por abortos no seguros le cuestan al mundo USD 553 millones.
Aunque la pandemia complicó el acceso al aborto para miles de mujeres de la región, los expertos señalan que esa no es la única causa por la que las mujeres acuden a clínicas clandestinas en donde arriesgan su salud. En Latinoamérica, además de las leyes que envían a la cárcel a las mujeres que se practican un aborto, la influencia de grupos religiosos impide que los gobiernos legalicen la interrupción del embarazo.
Otros países de la región también han tratado recientemente el tema del aborto. Por ejemplo, el 7 de septiembre, la Suprema Corte de México declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto. En Chile, la Cámara Baja aprobó este martes el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, esta iniciativa calificada como histórica también deberá ser votada en el Senado chileno.
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