Isabella Garzón Monsalve tenía 23 años, era una mujer trans y sus familiares y amigos recuerdan su muerte como una triste paradoja: el mismo día en que la asesinaron, había recorrido las calles de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, en la marcha del orgullo LGBTI.
El día de su muerte, el pasado 4 de julio, marchó para exigir respeto por los derechos de su comunidad junto a otras 5.000 personas. Pero justo al final del desfile, un grupo de desconocidos la atacó con arma blanca mientras ella caminaba rumbo a su casa. Tres meses después, su caso no solo vive en la memoria de sus seres queridos, también en la impunidad.
Es la misma impunidad que acompaña a la inmensa mayoría de las 689 muertes de personas LGBTI que se registraron en América Latina y el Caribe entre 2019 (319 casos) y 2020 (370) —casi una muerte por día—, según el informe “Des-cifrando la violencia en tiempos de cuarentena: homicidios de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe”, publicado este jueves.
El estudio es liderado por Sin Violencia LGBTI, el primer observatorio regional creado para analizar la situación de esta comunidad y que está conformado por organizaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Nicaragua.
Una comunidad que ve, impávida, cómo detrás de las frías estadísticas se esconde la pérdida de sus principales líderes y activistas.
Fue el caso de Andrea González, mujer trans y representante legal de Otrans, una organización comunitaria que trabaja por las personas LGTBI de Guatemala, a quien asesinaron a tiros en junio de este año. “La mataron balas de odio, el patriarcado y la ausencia del Estado”, reclamaron en ese momento sus familiares.
El panorama es aún más preocupante si se observan las cifras entre 2014 y 2020: “Al menos 1.949 personas LGBTI fueron asesinadas entre esos años en 10 países de América Latina y el Caribe; el 72% de estos homicidios estuvieron relacionados con el prejuicio frente a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas”, asegura a la agencia EFE Marlon Acuña, coordinador de la red regional de Sin Violencia LGBTI.
Sin respiro
Ni siquiera la pandemia generada por la COVID-19, que obligó a los países a tomar medidas restrictivas de movilidad y estrictas cuarentenas, permitió mejorar la situación de seguridad de esta población, toda vez que se mantuvo la tendencia en la que las principales víctimas fueron mujeres trans (112), hombres gays (120) y lesbianas (37).
El observatorio apunta a que 2020 significó un descenso en los homicidios para esta población en 9 de los 11 países que integran la red: Bolivia, Perú, Guatemala, México, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Honduras.
Y aunque en toda la región la situación es dramática, en países como Colombia se han encendido las alarmas: en 2020 fue escenario de 233 asesinatos, lo que la convierte en la nación con más casos de América y el Caribe, “lo que permite considerar que la tendencia a la baja en los homicidios en esos 9 países no presenta un panorama alentador”, reflexiona Acuña.
Dificultades para registrar casos
Además, como suele ocurrir en este tipo de conteos, la gran sombra que se cierne es la del subregistro. Así lo reconoce Acuña, quien señala que “con la pandemia hay que precisar que las organizaciones que integran la red Sin Violencia LGBTI tuvieron dificultades para la recolección de datos, debido a que la identificación y el rastreo avanzó con dificultad por la falta capacidad judicial y forense para registrar los homicidios”.
Es el caso de Brasil, por ejemplo, donde la pandemia y el contexto político afectaron la identificación de los casos. Solo en este país, de acuerdo con datos de la organización Antra, el número total de homicidios de personas LGBTI en los últimos siete años podría ascender a los 3.599.
Frente a esto, Sin Violencia LGBTI hace un llamado a los Estados y la sociedad civil para documentar y analizar las muertes violentas ocurridas durante la pandemia, para que se adelanten acciones que contribuyan a verificar la información de homicidios a personas LGBTI.
Para organizaciones como Sin Violencia LGBTI, las altas cifras de asesinatos de personas diversas ponen en evidencia la falta de acciones específicas de los Estados para prevenir, atender y sancionar la violencia por prejuicio.
De ahí que reitere su llamado para que los Gobiernos de la región avancen en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de la discriminación y la inclusión de enfoques diferenciales por orientación sexual e identidad de género.
(con información de EFE)
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