La Fiscalía brasileña solicitó este viernes al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la compra de vacunas contra el COVID-19.
La Fiscalía se pronunció después de que un grupo de senadores brasileños pidiera el lunes a la Corte Suprema el inicio de una investigación sobre los supuestos delitos en que pudo incurrir el presidente en la negociación para la compra de unas vacunas contra el COVID-19 indias.
Tras el pedido presentado por los senadores, la magistrada de la máxima corte Rosa Weber solicitó un posicionamiento de la Fiscalía brasileña, que hoy se mostró favorable a la apertura de una investigación contra el jefe de Estado.
El objetivo de la investigación es esclarecer si se cometieron supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech para la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin.
Algunas de esas supuestas irregularidades fueron reveladas la semana pasada por el diputado Luis Miranda a una comisión del Senado que investiga la errática gestión del Gobierno de Bolsonaro ante una pandemia que ya ha matado a casi 520.000 brasileños.
Según documentos presentados por el diputado Miranda, de la base que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, en la negociación con Bharat Biotech se había acordado que parte del pago por las vacunas sería depositado a una empresa que no figuraba en el contrato.
Se trata de la firma Madison, que tiene sede en Singapur, lo cual la comisión parlamentaria consideró “altamente sospechoso” junto con otras cláusulas del contrato, que tenía como “intermediario” a un empresario brasileño que ya incurrió en fraudes en el área de la salud.
Ese empresario fue identificado como Francisco Maximiano, dueño de otra empresa investigada por corrupción por haber “vendido” al Ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.
El diputado Miranda reveló que, en marzo pasado, le informó a Bolsonaro de sus sospechas y que el mandatario le dijo que ese era “un rollo” del legislador Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara Baja y quien fue ministro de Salud entre 2016 y 2018, durante la gestión del ex presidente Michel Temer.
En el pedido de apertura de investigación, el vice fiscal general de la República, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que es preciso esclarecer las circunstancias del supuesto aviso que le fue dado a Bolsonaro sobre las citadas irregularidades para comprobar si se configuró el delito de prevaricación.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Honduras: embalses de la capital entran en nivel crítico ante reducción de reservas de agua
Los embalses La Concepción y Los Laureles, principales fuentes de abastecimiento de agua para la capital hondureña, registran niveles inferiores al 26 % de su capacidad
Oposición pide la renuncia de Rodrigo Chaves tras enfrentamiento con ciudadano durante actos patrios en Costa Rica
Legisladores del PLN, Frente Amplio, PUSC y otras bancadas cuestionaron la conducta del ministro de la Presidencia durante las celebraciones del 14 de setiembre y reclamaron a Laura Fernández tomar medidas
La CIDH solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes para nueve presos en Nicaragua
La solicitud llega tras denuncias sobre encierro prolongado, falta de cuidados sanitarios y represalias dentro del penal nicaragüense, mientras el Estado no habría entregado datos sobre acciones efectivas desde 2025
Supuesto cabecilla fue detenido tras la incautación de 168 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron 11 allanamientos en tres provincias con más de 150 agentes, y decomisaron vehículos, armas, dinero y documentos ligados a la investigación
Nuevos casos de peculado ponen bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Panamá
Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Ifarhu fueron imputados por blanqueo de capitales, mientras la operación SEDU II investiga una posible lesión de $760,951 relacionada con recursos del Seguro Educativo
