El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuntó el viernes contra numerosas ONGs -u organizaciones de la sociedad civil- que pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigara la situación en el país tras la destitución de cinco miembros del tribunal supremo y el fiscal general. “Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Además, el mandatario escribió: “Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil)”. Y aclaró: “*El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado”.
La reacción del mandatario responde al pedido tramitado el jueves por parte de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para que una misión especial de la OEA evalúe “in situ” la situación del país, tras la cuestionada destitución de cinco magistrados del Supremo y del fiscal general.
La Asamblea Legislativa decidió el pasado 1 de mayo, luego de su instalación, destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general Raúl Melara, acción que fue condenada y fuertemente criticada por la comunidad internacional.
Las organizaciones piden que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sea la misma que analizó la situación política de El Salvador antes de las elecciones legislativas y municipales de febrero pasado.
Las organizaciones insisten en que esa misión especial, liderada por el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Santiago Cantón, de continuidad “con el fin de actualizar su diagnóstico de la situación política del país tomando en cuenta los hechos del 1 de mayo y sus efectos”.
De ser necesario, señalan, “se haga una evaluación “in situ” de la actual situación político-institucional” y se “asegure reuniones con distintos sectores de la sociedad salvadoreña”.
De acuerdo con un comunicado de la OEA, la agenda de la pasada misión especial “incluyó reuniones con diversos representantes institucionales, políticos y de la sociedad civil, abarcando el más amplio espectro político y social salvadoreño”.
La agenda se desarrolló entre el 14 al 18 de febrero pasado y de manera virtual los días 24 y 25 de ese mes, y se emitió en un informe con diversas recomendaciones en los ámbitos de derechos humanos, libertad de prensa e institucionalidad.
Las ONG reiteraron, además, la petición a la OEA para que convoque a su Consejo Permanente para “restaurar el orden constitucional” en El Salvador, esto luego de la destitución de los funcionarios judiciales.
Las organizaciones nuevamente solicitaron a la OEA que “se active el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Dicho artículo señala que: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
”El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, añade.
El Salvador se adentró en una crisis política desde que el oficialismo tomara las riendas de la Asamblea para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados y del fiscal, con los que el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Con información de EFE
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