El gobierno interino de Bolivia denunciará a su par de España por interferir en sus asuntos internos luego del incidente que tuvo lugar esta mañana fuera de la embajada mexicana en La Paz, cuando intentaron ingresar cuatro personas encapuchadas que viajaban en dos vehículos con identificaciones diplomáticas del país europeo.
En una conferencia de prensa, la canciller interina Karen Longaric defendió el accionar de las fuerzas de seguridad bolivianas -que no permitieron el ingreso de los encapuchados- y aseguró que el hecho constituye “un atropello que afecta profundamente la dignidad y soberanía del Estado boliviano”. La presencia de los encapuchados, detalló, consistió en una “amenaza de seguridad evidente a personal mexicano y el condominio”.
Y agregó: “Lo señalado ratifica una vez más las actitudes de incomprensión de algunos gobiernos que, guiados por compromisos ideológicos, cometen actos de injerencia directa vulnerando principios y valores que sustentan la convivencia entre estados”, agregó la ministra.
Con respecto al hecho del viernes, medios mexicanos reportaron que la propiedad a la que intentaban ingresar los autos no era la embajada, sino la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado.
Mercado escribió un mensaje en la red social Twitter —que después borró— en el que denunciaba que la policía detuvo y agredió al automóvil en el que se trasladaron funcionarios españoles. Además, indicó que a los alrededores del inmueble habían arribado automóviles militares “fuertemente armados”.
El hecho sucedió en medio de una creciente tensión diplomática entre Bolivia y México, después de que este último anunciara que denunciará al país suramericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por lo que describió como un “asedio” a su embajada.
En concreto, aseguró que docenas de agentes de inteligencia bolivianos están apostados en los alrededores del edificio, vigilando todos los movimientos de sus integrantes. El gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez, por su parte, negó el supuesto asedio y aseguró que el refuerzo de la seguridad fue solicitado por la misma Embajada. Y sobre la demanda, el gobierno manifestó el jueves que “con mucho gusto” irá a la Corte Internacional de Justicia y ahí se verá quiénes “han violado los tratados”.
En otro pasaje de su declaración, Longaric indicó que la denuncia, cursada tanto a la cancillería de España como a los distintos órganos jerárquicos de la Unión Europea, consiste en la respuesta inmediata al hecho. No obstante, adelantó, esta no será la única. “Sabremos dar la respuesta que corresponde a un caso de tamaña ofensa a la soberanía de Bolivia”, expresó.
Consultada acerca de la posibilidad de que el hecho fuera un intento de fuga patrocinado por España, Longaric indicó que el ministerio “todavía tiene que analizar el tema”. Al respecto, dijo: “La primer pregunta es cuál era el motivo para que la ministra consejera de España visite a la embajadora de México acompañada de personas con el rostro cubierto y presumiblemente armadas, como han denunciado los vecinos de la zona”. También indicó que en la embajada “continúan asiladas hace bastante tiempo 9 o 10 personas entre las que se encuentra el señor Juan Ramón Quintana”.
Quintana fue el ministro de la Presidencia de Evo Morales durante la mayor parte de sus años como jefe de Estado boliviano y desde fines de noviembre pesa sobre él una orden de arresto por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y financiamiento del terrorismo.
El ministro del Interior de la presidente interina Jeanine Añez, Arturo Murillo, aseguró que Quintana fue el culpable de la violencia desatada en el país en las semanas posteriores a las elecciones. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, advirtió.
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