El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña por su vínculo con el colapso de Ueno Bank

El Congreso de Paraguay votó este viernes la destitución del presidente Santiago Peña, tras hallarlo culpable de mal desempeño por su vínculo con el colapso del banco digital ueno, la entidad que desató la peor crisis financiera del país en más de una década. El Senado respaldó la condena con 44 votos, horas después de que el mandatario no se presentara en persona al juicio político pese a haber prometido defenderse.

El vicepresidente Pedro Alliana, dirigente conservador de 52 años, debía asumir en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028. La votación cerró un proceso que se desarrolló en apenas dos días y que mantuvo al país en vilo desde la intervención del banco el martes.

Peña había presentado su renuncia el jueves después de perder el respaldo de su propio partido, el Colorado, pero el Senado no la aceptó formalmente y avanzó con el procedimiento de destitución. La diferencia no fue menor: bajo la Constitución paraguaya, los presidentes que renuncian conservan una banca vitalicia en el Senado con inmunidad parlamentaria, mientras que una condena por juicio político deja al exmandatario expuesto a procesos penales.

El equipo legal de Peña, integrado por los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, pidió una prórroga de 72 horas para preparar la defensa, alegando que había recibido la citación con apenas horas de anticipación junto con unas 300 páginas de acusaciones y pruebas. Los senadores rechazaron el pedido por 39 votos contra 3.

La defensa sostuvo que el Congreso debió aceptar la renuncia en lugar de avanzar con el juicio y advirtió que, al no hacerlo, el país quedaba expuesto a una demanda ante tribunales internacionales. Finalmente el presidente destituido fue hallado culpable por vincular fondos públicos y de pensiones al banco ueno, cuya quiebra dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes y derivó en protestas masivas en Asunción. Peña, economista de 47 años y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, había asumido la presidencia en 2023.

Los cargos: desvío de fondos y encubrimiento institucional

Los diputados que actuaron como fiscales entregaron el jueves al Senado los cargos que sustentaron la acusación: conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central.

La diputada opositora Rocío Vallejo, encargada de presentar los alegatos, fue contundente al describir el impacto económico: “Peña lideró actuaciones que expusieron a ahorristas y pensionistas al desfalco más grande de este país (...) perdió, y esa cifra va en aumento, 1.200 millones de dólares”. La legisladora agregó: “Peña sabía que el banco iba a caer”.

Ueno, propiedad del Grupo Vázquez, tenía USD 850 millones en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social, y sumaba cerca de tres millones de clientes antes de que sus puertas amanecieran cerradas el martes. La entidad había crecido en pocos años hasta convertirse en el quinto banco por depósitos del país, impulsada por más de USD 800 millones en dinero público durante la gestión de Peña.

Las acusaciones del juicio político también citaron la participación accionaria de Peña en la sociedad controlante de ueno, de la que se desprendió bajo presión el año pasado, y el nombramiento de un exejecutivo de la entidad al frente del Banco Central que debía regularla. Los legisladores sostuvieron además que el mandatario permitió que el fondo de pensiones estatal depositara USD 355 millones en el banco, por encima de los límites legales.

El quiebre con Cartes y la caída política

El colapso de ueno aceleró en cuestión de días una ruptura que venía gestándose dentro del oficialismo. Los reguladores intervinieron el banco antes del amanecer del martes y, para el jueves por la tarde, Peña ya había ofrecido su renuncia mientras su propio partido Colorado le retiraba el respaldo, liderado por el expresidente Horacio Cartes, jefe partidario y mentor político de larga data del mandatario. Para el viernes, su ministro del Interior, su jefe de gabinete, su asesor legal y su asesor político habían renunciado.

Según explicó Miguel Carter, director del centro de investigación paraguayo DEMOS, a la agencia AP: “Es como un drama shakespeariano. Intentó desplazar a su mentor, a su patrón político. Pero lo hizo sobre bases muy frágiles”. El analista Andrew Nickson, especialista en Paraguay de la Universidad de Birmingham, agregó que “Cartes puso el último clavo en el ataúd” y que Peña “no tenía base política en la cual apoyarse, y quedó a la deriva”.

En septiembre, senadores afines a Cartes habían exigido explicaciones al Banco Central sobre los préstamos de ueno, citando informes internos filtrados que advertían que sus créditos a empresas relacionadas ponían en riesgo su solvencia. El profesor de teoría política de la Universidad Nacional de Asunción José Tomás Sánchez sostuvo que, durante los últimos 20 años, el Banco Central fue uno de los dos pilares que dieron credibilidad internacional a Paraguay en el manejo de su economía, pero que “bajo Peña, comenzó a perder credibilidad, perder neutralidad y luego relajó todos sus mecanismos de control para favorecer al grupo empresarial que tenía al banco ueno como uno de sus pilares”.

Investigaciones penales y detenciones

La condena por juicio político impide que Peña se convierta en senador vitalicio con inmunidad parlamentaria y lo expone a investigaciones penales relacionadas con el escándalo bancario. La fiscalía ya abrió tres causas penales el jueves por los depósitos públicos en ueno, que apuntan contra Peña, Alliana y actuales y exfuncionarios del Banco Central y del fondo de pensiones.

Los fiscales también imputaron a 27 personas, entre ellas el accionista controlante de ueno, Miguel Vázquez, por delitos como abuso de confianza y tentativa de estafa. Seis directivos del banco permanecen en prisión preventiva. Las autoridades incautaron nueve autos de lujo de la vivienda de Vázquez, además de un yate y avionetas vinculadas a él, y allanaron los domicilios de otros ejecutivos en un barrio cerrado en las afueras de la capital.

La crisis derivó además en la renuncia del presidente del Banco Central de Paraguay y en órdenes de arresto contra ocho ejecutivos de ueno, quienes fueron trasladados el viernes a una de las principales prisiones del país para quedar detenidos a la espera de juicio. Algunos titulares de cuentas comenzaron a recuperar su dinero desde el jueves por la noche, comenzando por quienes tenían depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, unos USD 1.600, según informó la entidad emisora.