El obispo de la diócesis de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini, denunció un “plan de desestabilización” orquestado por Evo Morales y los sectores más duros de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para evitar una salida dialogada a la crisis política desatada tras su dimisión.
“Seguramente (fue) un plan para desestabilizar al país. Es importante reflexionar sobre el proceso de renuncias progresivas con efecto dominó de personas involucradas en el anterior gobierno”, señaló Scarpellini en una entrevista con el diario boliviano ‘Los Tiempos’.
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El dirigente eclesial recordó que tras la renuncia de Morales “en cadena renuncian todos, como si quisiera prácticamente dejar al país sin gobernabilidad”. Ello, sumado al “inmediato esfuerzo de entrar en una actitud de violencia, entonces, un país sin gobierno, sin garantía y al mismo tiempo con focos de violencia, para mí esto responde a un plan de desestabilización del país (...) que se logró más bien controlar y poco a poco solucionar”, argumentó.
En concreto indicó que hubo “personas extranjeras, personas que han venido manejando este plan (y que estaban) relacionadas con la gente de la política, del Gobierno”.
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Scarpellini responsabilizó a ex ministros del Gobierno de Evo Morales y al propio ex mandatario, y los ha contrastado con los asambleístas del MAS, de quienes ha destacado su “disponibilidad de colaborar”.
En cualquier caso, Scarpellini subrayó que tras las dimisiones se produjo una “transición constitucional” a pesar de la falta de quórum en la Asamblea que contempla la normativa para ratificar a Jeanine Áñez como presidenta del Senado y, en consecuencia, del país.
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En la entrevista, el obispo de El Alto revela que la mediación de la Conferencia Episcopal de Bolivia, la ONU, la UE y la Embajada de España comenzó ya “a finales de octubre”, tras las elecciones generales del 20 de octubre que fueron criticadas por irregularidades primero por la oposición y posteriormente por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer estadio de la mediación se centró en dar a los cargos públicos y dirigentes del MAS, incluido Evo Morales, garantías sobre su seguridad personal y en los casos más destacados, sobre su salida del país mediante salvoconducto. En ese sentido, ha destacado la disposición a resolver del nuevo Gobierno liderado por Áñez y sus intentos por dialogar con los sectores más duros.
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A partir de ahora, la función de la Conferencia Episcopal y los demás mediadores será garantizar la rendición de cuentas en lo que respecta a muertos y heridos en las protestas y velar por la adecuación a la normativa del proceso electoral y la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral y sus filiales provinciales.
Con información de Europa Press
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