Una de las protestas contra el gobierno (REUTERS/Oswaldo Rivas)
Una de las protestas contra el gobierno (REUTERS/Oswaldo Rivas)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que hay más de 120 presos políticos en Nicaragua. De esta manera, dio cuenta de que el régimen de Daniel Ortega no cumplió con el pacto suscrito con la oposición de que todos los que habían participado en las protestas contra el Ejecutivo desde el 18 de abril de 2018 serían liberados.

La CIDH, en su reciente boletín sobre la situación de Nicaragua, mantiene la denuncia de que continúa la represión y el estado policial, que al 31 de julio de 2019 deja un saldo de 328 muertos al incluir a Byron Murillo López, de 23 años, quien fue asesinado por la policía el pasado 17 de julio.

La CIDH denunció la persistencia de los patrones de la represión como mecanismos de censura indirecta en contra de medios de comunicación, la ocupación desproporcionada del espacio público y la prohibición de las protestas sociales.

En particular, el MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) constató actos de hostigamiento policial en contra de quienes realizaron eventos en memoria de las personas asesinadas durante la operación limpieza; la negativa de la Policía para autorizar la marcha del día del estudiante; y la represión contra quienes intentaron manifestarse.

Asimismo, la CIDH constató la intensificación del seguimiento policial y hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos, entre ellos, integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organizaciones beneficiadas con medidas provisionales por la Corte Interamericana.

En julio, la CIDH recibió información sobre un incremento de la violencia en las zonas rurales al interior del país y en la frontera con Honduras, lo que incluye el reporte de asesinatos de personas identificadas por la sociedad civil nicaragüense como opositoras al Gobierno.

La CIDH advirtió que la desconfianza de los familiares en las instituciones del Estado o su temor a sufrir represalias, la falta de independencia del Poder Judicial, el limitado acceso geográfico para medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos son factores que dificultan contar con información precisa sobre las circunstancias en que ocurren estos hechos.

Al respecto, la Comisión recordó que la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. "La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse", indica el escrito.

Más aún, la CIDH subrayó que esta obligación "se mantiene cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado".

Miembros de la policía detienen a un manifestante durante una protesta en Managuqa (EFE/ Alberto González)
Miembros de la policía detienen a un manifestante durante una protesta en Managuqa (EFE/ Alberto González)

La Comisión Permanente de Derechos Humanos pidió al Supremo declarar inconstitucional Ley de Amnistía

Un organismo humanitario nicaragüense presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra una polémica Ley de Amnistía que, a juicio de la oposición, dejará impune la represión gubernamental en el marco de la crisis que estalló hace más de un año en este país.

El recurso fue presentado por 11 funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y recibida por el secretario de la Corte Suprema, Rubén Montenegro.

El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, explicó a los periodistas que presentaron ese recurso, entre otras razones, para evitar la impunidad y agotar las vías internas antes de recurrir a las instancias internacionales.

"Esta Ley que el Gobierno ha impulsado a través de la Asamblea Nacional -donde el oficialismo cuenta con mayoría absoluta-, lo que pretende es que haya impunidad en cuanto a los crímenes que se cometieron, a las violaciones de los derechos humanos, a las torturas, a los abusos sexuales", valoró.

"Como defensores de derechos humanos, y como nicaragüenses, lo que debe prevalecer es la verdad, la justicia, la reparación y no repetición", argumentó.

Carmona dijo que cada una de las víctimas tiene derecho a exigir justicia y la Ley de Amnistía otorga impunidad a todos los crímenes cometidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.

Asimismo, el activista dijo que recurrían ante la Suprema como un trámite para "agotar las vías internas y así el día de mañana poder acceder a las instancias internacionales", porque, según observó, se presume se cometieron delitos de lesa humanidad.

 

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