Sheinbaum pide que se investigue posible caso de corrupción en Aguascalientes tras entrega de medalla de oro a Isabel Ayuso

Ante acusaciones de posibles actos de corrupción en el gobierno de Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier persona que cometa estos actos deberá ser investigada y castigada.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre un posible caso de corrupción en Aguascalientes luego de que un reportero de Subjetivo.mx expusiera una investigación realizada por el medio en el que se exhibe la existencia de un millonario contrato con la empresa Next Energy, firmado en 2020 por la entonces alcaldesa y actual gobernadora Teresa Jiménez, para un proyecto que no ha comenzado y que compromete recursos públicos estatales y federales durante 25 años.

Esta investigación se da en un contexto en el que el gobierno de Aguascalientes recibió a la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso durante su polémica visita a México, donde se le entregó una Medalla al Mérito Cívico, por parte del Congreso del estado.

Presuntos contratos millonarios en Aguascalientes

Durante su intervención, el reportero detalló que el contrato contempla pagos por 13 mil millones de pesos a la empresa, usando participaciones federales y municipales, lo que podría generar un endeudamiento significativo para el ayuntamiento.

La Auditoría Superior de la Federación ya ha calificado el acuerdo como “leonino” y el propio partido Morena, explicó, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en 2022, aunque hasta ahora no hay responsables sancionados.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la investigación y eventual sanción corresponde a la Fiscalía. “En ese caso, es la Fiscalía quien tiene que informar y tiene que dar su conclusión. Sé que sí está en investigación y es la Fiscalía quien tiene que revisarlo”, señaló e insistió en que el proceso debe seguir su cauce institucional.

Además, explicó que ante cualquier irregularidad en el uso de recursos públicos, existen dos vías para sancionar: la administrativa y la penal. La vía administrativa puede ser atendida por la Secretaría Anticorrupción y el Buen Gobierno o la Auditoría Superior de la Federación, quienes presentan sus hallazgos públicamente y permiten la defensa del funcionario señalado. Si se confirma la irregularidad, se aplican sanciones como la inhabilitación o la obligación de resarcir los recursos.

En caso de delito, la denuncia penal corresponde a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, quienes determinan si procede una orden de aprehensión o una salida alternativa, como la devolución del dinero malversado. “Cuando hay presunción de corrupción, hay sanción administrativa y en su caso, sanción penal. Y esas son las instituciones”, concluyó Sheinbaum.