El Gobierno de Brasil prevé un ahorro de 251.000 millones de dólares en 10 años con la reforma de pensiones

El Gobierno brasileño prevé un ahorro de 933.500 millones de reales (unos 251.018 millones de dólares) en 10 años en caso de que se apruebe definitivamente el proyecto de la reforma de pensiones modificado por el Poder Legislativo la pasada semana, informaron este jueves fuentes oficiales.

El secretario especial del Sistema de Pensiones y Trabajo del Ministerio de Economía, Rogerio Marinho, afirmó que el texto aprobado en primera votación por la Cámara de Diputados es "la mayor reforma del sistema de previsión social de Brasil".

Marinho subrayó que el texto cuenta también con una medida de combate a fraudes que generará un ahorro superior a 1,1 billones de reales (unos 295.786 millones de dólares).

Los 251.018 millones de dólares de ahorro corresponderán a lo que los beneficiarios dejarán de recibir, así como al aumento de recaudación con el cobro de la Contribución Social Sobre la Ganancia Líquida de los bancos, según explicó.

Inicialmente, el Gobierno estimaba un ahorro de unos 1,2 billones de reales (unos 332.356 millones de dólares) en 10 años de acuerdo a la propuesta presentada originalmente al Congreso por el presidente Jair Bolsonaro.

Pese a la reducción de la economía esperada, Marinho se mostró optimista con el resultado obtenido y dijo esperar que no se hagan nuevas alteraciones al texto que deberá ser aprobado definitivamente por el Parlamento el próximo agosto.

La impopular reforma, la única iniciativa concreta en materia económica presentada por Bolsonaro desde que llegó al poder en enero de 2019, recibió el pasado 12 de julio la primera sanción en la Cámara Baja, pero por tratarse de una enmienda constitucional requiere de una segunda, proceso que comenzará el próximo 6 de agosto, según el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni.

El atraso fue forzado por una oposición tan minoritaria como tozuda, que se valió de todas las maniobras previstas en las normas para alargar los debates después de la primera sanción, dada por el pleno de los diputados el pasado 10 de julio, con una amplia mayoría de 379 votos frente a 131.

La reforma es la gran apuesta del Gobierno para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió 7 puntos porcentuales, que creció a un ritmo insuficiente del 1 % anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.

La iniciativa propone endurecer el acceso a las jubilaciones, lo que según el Ministerio de Economía generará ahorros suficientes para acabar con un crónico déficit público y liberar recursos para la inversión en áreas como la salud y la educación.

El proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no es requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, y alarga el tiempo de contribución en ambos casos, entre otros puntos que, en ciertos apartados, hasta reducen el valor de las pensiones.

Cuando el proyecto llegue al Senado, Bolsonaro ya ha adelantado su intención de que se reincorpore una propuesta que amplía el efecto de la reforma a los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada en la Cámara Baja.

La gran derrota del Gobierno en este embate parlamentario ha sido la eliminación de un artículo que planteaba poner fin al actual sistema de reparto y adoptar un régimen de capitalización, mediante el cual la jubilación de un trabajador dependería de lo que pudiera ahorrar durante su vida.

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