La CIDH denunció que Nicaragua es un Estado policial que practica "ataques, agresiones, asedios y detenciones arbitrarias"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por la "continuación de la represión" en Nicaragua después de casi cinco meses de instalada la mesa de negociación con la que se espera superar la crisis que estalló hace más de un año.

Asimismo, la CIDH lamentó la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzaron las protestas.

En un pronunciamiento, ese organismo señaló la persistencia del estado policial en Nicaragua "caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país".

Advirtió que durante el primer semestre de 2019, el Estado de Nicaragua rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y mantiene un despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta o forma de manifestación.

Sostuvo que en mayo y junio pasado el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protesta improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, o bien con el asedio permanente a plantones exprés, incluyendo en celebraciones religiosas y misas.

La CIDH advirtió que las restricciones impuestas a la protesta y los actos para amedrentar cualquier tipo de reunión que pudiera derivar en manifestaciones, incluidas las celebraciones religiosas, afectan los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la libertad de religión.

Asimismo, dijo que continúa observando la realización de detenciones arbitrarias, "lo que deriva en afectaciones a los derechos a la integridad y libertad personal".

"En algunas ocasiones dichas detenciones serían temporales, o bien derivan en la apertura de acusaciones penales por narcotráfico y delitos contra la propiedad", alertó.

Por tanto, la CIDH demandó al Estado de Nicaragua cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

Además, desmantelar "los grupos parapoliciales" y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.

Por otro lado, la CIDH indicó que nota con preocupación que miles de nicaragüenses continúan huyendo del país debido a la persistencia de la represión.

En días pasados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualizó la cifra a 70.000 nicaragüenses que han solicitado asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos desde el inicio de la crisis y hasta mayo de 2019.

Asimismo, la CIDH si bien saludó la liberación de los periodistas que permanecían privados de libertad, entre ellos, Miguel Mora y Lucía Pineda del canal 100% Noticias, dijo que "ha constatado que el contexto para el ejercicio de la libertad de expresión no ha mejorado".

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Con información de EFE

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