Ciria Griceli Figueroa Hernández, de nacionalidad hondureña, fue entregada a las autoridades de El Salvador luego de permanecer prófuga tras ser señalada como autora de extorsión agravada contra comerciantes y residentes de San Marcos, San Salvador Sur.
La extradición se concretó gracias a la coordinación entre la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), la Interpol y las autoridades policiales de Honduras, según reportes oficiales difundidos por la Fiscalía General de la República.
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La investigación señala que Figueroa Hernández es identificada como miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Según los expedientes judiciales, la acusada habría exigido pagos a cambio de protección a varios habitantes y propietarios de negocios en la zona, práctica que configura el delito de extorsión bajo la legislación salvadoreña.
El marco legal en El Salvador establece que quien cometa actos para obligar o inducir a otra persona a realizar, tolerar u omitir acciones de carácter patrimonial con el fin de obtener beneficio propio o para terceros, enfrenta penas de diez a quince años de prisión.
La normativa considera consumada la extorsión incluso si la transacción ilícita no llega a concretarse, extendiendo la responsabilidad a quienes participen en la recolección, manejo o recepción de bienes obtenidos por este medio.
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La ley también tipifica la extorsión agravada, aumentando la pena hasta en un tercio del máximo previsto cuando el delito es cometido por dos o más personas, miembros de una organización ilícita, o si se emplean menores, amenazas de muerte, armas, o medios de telecomunicación en la ejecución del acto.
De acuerdo con documentación judicial, estas agravantes suelen aplicarse en casos vinculados a estructuras como la MS-13, donde la violencia y la intimidación se ejercen de forma sistemática.
El Código Penal salvadoreño, en su artículo 214-A, sanciona además la posesión, adquisición, almacenamiento, ocultamiento o transferencia de bienes o dinero producto de delitos, con penas de seis a diez años de prisión. La ley presume la ilicitud del origen cuando existe desproporción entre el precio y el valor real, o si las transacciones se realizan de manera clandestina.
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Las autoridades resaltaron que la extradición de Figueroa Hernández constituye un avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional, ya que la cooperación entre El Salvador y Honduras permitió que la acusada enfrente la condena de diez años de prisión impuesta por los tribunales salvadoreños.
Voceros de la FGR subrayaron que se mantiene una política de “cero tolerancia” frente a delitos de extorsión que afectan la seguridad y la economía de la población.
Esta acción demuestra el compromiso de las instituciones en el combate a la criminalidad y la protección de las víctimas, señalaron fuentes oficiales. De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, los delitos de extorsión representan uno de los principales retos para la estabilidad social en zonas bajo influencia de grupos como la MS-13.
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El traslado de Figueroa Hernández se suma a una serie de operaciones regionales enfocadas en desarticular redes delictivas dedicadas a la extorsión y otros delitos patrimoniales, apoyadas por organismos internacionales como Interpol.
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