La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo este viernes que 2018 fue un año "en que se desataron tempestades, odios" en este país, que está inmerso en una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril pasado.
"Vamos cerrando un año de mucha, mucha prueba. Un año de mucho desafío. Un año de acontecimientos inconcebibles, insólitos. Un año en que se desataron tempestades, odios, que no podíamos entender", señaló Murillo, esposa del dictador del país, Daniel Ortega, a través de medios oficiales.
Murillo destacó, sin embargo, que han logrado restaurar la paz y avanzar en una propuesta gubernamental de renovación "de nuestra cultura de paz, de reconciliación y de encuentro".
Asimismo, sostuvo que estarán "preparados en todo momento para luchar, con fortaleza espiritual, con la fuerza que nos da Dios, para luchar y vencer".
Murillo no se refirió a la intención del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo.
Almagro se dijo ayer obligado a empezar la aplicación de la Carta a Nicaragua, que cuenta con el apoyo de cinco países miembros del organismo: Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.
La Carta Democrática es un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya "una alteración del orden constitucional" y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión, con lo que dejaría de participar en los programas de la OEA.
Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).
En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados (Cuba y Honduras); mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela pero no reunió los apoyos, aunque el país suramericano está en trámites para abandonar el organismo.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al régimen de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
(Con información de EFE)
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