El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este miércoles que pedirá a Costa Rica la lista de nicaragüenses que han huido hacia el país vecino a causa de la crisis local y mostró su interés en reclamar a quienes considera que cometieron crímenes antes de emigrar.
"Les vamos a pedir el listado oficial (de nicaragüenses) para poder decir con toda claridad cuáles son los que cometieron delitos, los demás pueden regresar sin temor", dijo Ortega, en un acto público, ante miles de seguidores y trabajadores del Estado.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido de su país desde abril pasado, sobre todo hacia Costa Rica, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Ortega.
El Gobierno costarricense ha informado de al menos 23.000 nicaragüenses que han hecho solicitudes de asilo en su país.
El presidente de Nicaragua, señalado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de la crisis, dijo que a los migrantes nicaragüenses "que se sienten libres de pecado nadie los va a detener".
En un informe emitido este miércoles, la Acnudh responsabilizó al Gobierno de Nicaragua de producir una "criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno".
También lo señaló de "uso desproporcionado de la fuerzas por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales", o bien "desapariciones forzadas", así como "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado".
El Gobierno rechazó estos señalamientos e insistió en que el informe de la Acnudh es "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado".
La CIDH, que también ha sido descalificada por el Gobierno de Nicaragua debido a un informe con conclusiones similares en el que reportó 322 muertos, apoyó la denuncia de la Acnudh, que reporta 300 víctimas mortales producto de la represión gubernamental.
Organismos humanitarios locales estiman que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidos en "reos políticos" desde el estallido social de abril.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE
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