Apolonio Fargas -de camisa morada- y dos de sus colaboradores, cuando se los llevan detenidos policías del régimen de Daniel Ortega
Apolonio Fargas -de camisa morada- y dos de sus colaboradores, cuando se los llevan detenidos policías del régimen de Daniel Ortega

El régimen de Daniel Ortega no detiene su persecución contra la dirigencia opositora en Nicaragua. En el marco de las masivas protestas, que son brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo también castiga a la oposición. Este martes fue detenido Apolonio Fargas junto a dos colaboradores.

"El alcalde liberal del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, fue detenido ilegalmente por paramilitares y policías, en horas de la mañana, ingresando a la alcaldía y violando la Ley de Autonomía Municipal", denunció el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Nicaragua en un comunicado.

Junto con Fargas fueron detenidos su conductor Roberto Ortega y el escolta Nicolás Cienfuegos, agregó el PLC.

La detención del alcalde y sus trabajadores ocurre en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado de 277 a 351 muertos, miles de heridos y más de 700 detenidos o desaparecidos, en tres meses, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

El 11 de junio pasado tres policías y un civil murieron en un ataque al puesto policial de Mulukukú, a 247 al noreste de Managua, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN).

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Daniel Ortega como presidente.

La represión en Nicaragua dejó más de 350 muertos
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al régimen sandinista por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Con información de EFE

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