La Corte Suprema brasileña prorrogó por 60 días la investigación contra Michel Temer por un supuesto fraude en el sector portuario

El magistrado Luís Roberto Barroso, de la Corte Suprema de Brasil, autorizó prorrogar por 60 días la investigación en curso contra el presidente brasileño, Michel Temer, que apura supuesto fraude del gobernante en un decreto sobre el sector portuario, informaron fuentes oficiales.

La decisión del magistrado respondió a un pedido de la Policía Federal realizado días atrás y sobre el cual la fiscal general de la República, Raquel Dodge, ya se había manifestado a favor de esa solicitud.

Las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer y, que alteró la ley de puertos, benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.

La apertura de esa investigación fue autorizada por el propio Barroso en septiembre del año pasado a petición del entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien ya denunció a Temer en dos ocasiones el año pasado por otros asuntos relacionados con la corrupción.

El caso se basa en las declaraciones a la Justicia, entre otros ejecutivos, de Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS, sobre las cuales la Fiscalía presentó en 2017 una primera denuncia por corrupción pasiva y una segunda por obstrucción judicial y asociación ilícita contra Temer, pero que fueron rechazadas por el Congreso.

No obstante, Batista negó el pasado día 15 de este mes en una declaración a la Policía Federal pagos a Temer en ese caso concreto relacionado con el decreto del sector portuario.

Temer ya entregó el pasado 18 de enero por escrito las respuestas a las 50 preguntas formuladas por la Policía Federal en relación a este caso.

Barroso informó además que el director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, que renunció este martes al cargo, ya manifestó "por escrito" y personalmente "el compromiso de no interferir" bajo ningún concepto en la investigación, luego de que afirmara en una entrevista que el caso "tiende a ser archivado" por falta de pruebas.

"Considero, por tanto, debidamente consciente de que (Segovia) debe abstenerse a (realizar) cualquier pronunciamiento al respecto", añadió el magistrado.

Los comentarios de Segovia sobre la supuesta falta de pruebas en el caso obligaron a la actual fiscal general, Raquel Dodge, a solicitar a la máxima corte del país para que el jefe de la Policía Federal se abstuviera de realizar juicios de valoración sobre la investigación.

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