El presidente brasileño, Michel Temer, viajó este sábado a Río de Janeiro para definir las líneas de la implantación de un nuevo sistema de seguridad para este estado golpeado por la violencia, en el que el mando de la policía ha pasado al ejército por un decreto firmado el viernes.
El jefe del Estado llegó a primera hora de la tarde para reunirse con el gobernador Luiz Fernando Pezao, varios ministros y el general Walter Souza Braga Netto, quien está al frente del control militar y que ya fue responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos de Rio 2016.
La policía en Brasil está controlada por los gobiernos de cada estado que componen el país, pero el decreto presidencial, con el título de "intervención federal", concedió el mando al general Netto, subordinado directo del presidente Temer, en detrimento de las autoridades de Río.
El decreto ya está en vigor, aunque aún debe ser validado por el Congreso, que ha fijado la votación para el lunes próximo. La medida se prolongará hasta el 31 de diciembre.
Inédita desde 1985, cuando finalizó la dictadura militar, esta "medida extrema", como la definió Temer el viernes, se tomó después de una escalada de la violencia durante la celebración del carnaval.
Antes las autoridades ya se habían visto abrumadas por la violencia diaria durante muchos meses y el gobierno federal envió en julio 8.500 refuerzos militares, sin resultados significativos.
En un editorial publicado el sábado, el periódico O Globo habla de una "decisión inevitable". Merval Pereira, columnista del diario, espera que la experiencia de los militares brasileños en misiones de paz en Haití contribuya a reducir los problemas de violencia en Río.
A ocho meses de las elecciones presidenciales, el decreto ha suscitado reacciones políticas paralelas entre la oposición. La izquierda sospecha de la intervención de los militares en un país aún marcado por los primeros años duros de la dictadura.
"La situación en Río es grave, pero debemos permanecer alerta para que estas medidas no estén acompañadas por la represión de los movimientos sociales y la suspensión de los derechos constitucionales", dijo Gleisi Hoffmann, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a la cabeza de las encuestas de voto para las elecciones de octubre.
Para Miro Teixeira, del partido ecologista Rede, de la presidenciable Marina Silva, "la población de Río necesitaba una medida como esta, porque todos tienen miedo". "Algo tenía que hacerse, si va a funcionar, es otra historia, pero es un intento que apoyamos", aseguró.
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