Los funcionarios públicos ecuatorianos ya no podrán tener bienes o capitales en paraísos fiscales, según se determina en los conteos de más de la mitad de los votos en la consulta popular realizada simultáneamente a las elecciones presidenciales.
"¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?", fue la pregunta formulada en la iniciativa del gobierno, parte de la campaña de Rafael Correa en contra de esta práctica financiera.
Tras el conteo del 67,7% de los votos, el Sí se impone con el 54,77% de los votos y la tendencia apunta a mantenerse, ya que la diferencia de 10 puntos ha sido estable desde el inicio del recuento. Según lo estipulado, en el plazo de un año a partir de la proclamación oficial de los resultados, el Parlamento deberá reformar la Ley Orgánica de Servicio Público y otras leyes relacionadas para adecuarlas a la decisión del referéndum.
"En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución", indicaron.
La consulta fue impulsada por el oficialismo luego del destape de los llamados Panama Papers y fue aprobada por la Corte Constitucional.
Aunque la medida ha sido elogiada, Correa recibió críticas por usar un tema al que pocos se oponen como parte de la campaña oficialista, en lugar de usar la mayoría parlamentaria para aprobarla por dicha vía.
El ex banquero Guillermo Lasso, quien competiría con el correista Lenín Moreno en el ballotage, sostuvo que la consulta era "un capricho" de Correa en su contra, ya que el gobierno le atribuye bienes en paraísos fiscales, mientras que él explica que su familia tiene "inversiones" en Panamá.
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