
Siete de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron que una práctica procedimental utilizada en el Lava Jato hiere el derecho a la defensa, lo que podría anular casi 150 condenas, informaron medios brasileños.
La votación suma más presiones contra el proceso que fue conocido como la operación anticorrupción más grande de la historia, al juzgar una solicitud de hábeas corpus que, entre otras, podría anular una de las condenas que pesan contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y habilitar su salida de prisión en un régimen semi-abierto.
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El caso analizado en la sesión de este jueves, que pudiera tener repercusión directa sobre todos esos juicios o ser “delimitado” en función de lo proponga Dias Toffoli, era un hábeas corpus finalmente concedido a Almeida Ferreira, condenado a diez años por su participación en la trama de corrupción en torno a la estatal Petrobras.
El ex gerente presentó ese pedido después de que, en un juicio celebrado en agosto pasado, la Segunda Sala de la corte anuló una condena dictada contra el ex presidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine en el marco de la operación Lava Jato.
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La mayoría de los magistrados consideró que si un acusado decide colaborar con la justicia en contra de otro, pasa a ser una suerte de “auxiliar de la acusación” y debe presentar alegatos primero, lo que, según fiscales de la Lava Jato, puede incidir en los casos de 143 de los 162 empresarios y políticos condenados por esa operación.

De acuerdo con el diario O Globo, la decisión del jueves tendrá un impacto inmediato sólo para ese caso, aunque será un precedente importante para guiar otras decisiones.
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Con todo, continúa el diario brasileño, los jueces y ministros no están obligados a seguir el mismo razonamientos en casos futuros, debido a que no hay ningún efecto vinculante: cada magistrado tiene autonomía para analizar los casos específicos antes de decidir si concede o deniega el hábeas corpus.
En efecto, el presidente del tribunal, Alfredo Dias Toffoli, aún cuando respaldó el hábeas corpus para el caso “específico” de Ferreira, aclaró que la próxima semana presentará una propuesta para “delimitar el alcance” de esa decisión, que pudiera no ser extensiva a toda el Lava Jato.
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Entre quienes están pendientes de la decisión definitiva de la corte está el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018 condenado a diez años ya en tercera instancia y con otra pena de ocho años dictada hasta ahora sólo en un tribunal inferior.
Aunque en ninguno de esos se aplicaría la decisión del Supremo, Lula sí podría beneficiarse en un tercer proceso que enfrenta, que está listo para sentencia y en el que sus abogados presentaron sus alegatos finales después de que lo hiciera otro de los acusados, que colaboró con la justicia en contra del ex mandatario.
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Con información de EFE
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