
Una comisión bipartidista que asesora al Congreso sobre China advirtió el viernes de que los esfuerzos estadounidenses “fragmentados y sin recursos suficientes” para contrarrestar una industria de estafas multimillonarias, respaldada por organizaciones criminales chinas, podría verse cada vez más dirigida a los estadounidenses y escalar rápidamente con las nuevas tecnologías.
La Comisión para la Revisión de la Economía y la Seguridad entre Estados Unidos y China (USCC, por sus siglas en inglés) señaló en un informe publicado el viernes que las pérdidas en Estados Unidos por fraudes vinculados a China probablemente superen con creces los 5.000 millones de dólares en 2024 -un 40% más que el año anterior-, y que los estadounidenses se perfilan como los principales objetivos de las organizaciones delictivas chinas desde la pandemia de covavirus.
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Las estafas, a menudo vinculadas a grupos delictivos transnacionales implicados en operaciones de narcotráfico y blanqueo de dinero, se dirigen a los estadounidenses a través de mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de citas y sitios de empleo. Mientras tanto, Beijing está utilizando su propia ofensiva contra los centros de estafa para ampliar su presencia policial en el Sudeste Asiático, lo que podría reforzar la influencia de China sobre los gobiernos regionales y facilitar las operaciones de inteligencia, según el informe.
“Se trata de fábricas de fraude a escala industrial que utilizan algunas de las tecnologías más modernas disponibles, y el uso que hacen de esa tecnología les permite ampliarlas muy rápidamente. ... Ni siquiera creo que las fuerzas del orden estadounidenses hayan descubierto todavía cómo entender esto”, declaró Mike Kuiken, comisario de la USCC.
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La comisión expresó su preocupación por la posibilidad de que las organizaciones delictivas chinas estén dando a Beijing acceso ilimitado a datos personales estadounidenses. Señalaba las recientes redadas a gran escala de las autoridades chinas en centros de estafa llevadas a cabo en países como Laos y Myanmar, donde se incautaron de ordenadores y teléfonos que, según el informe, probablemente permiten a Beijing acceder a los datos recopilados sobre objetivos estadounidenses.

“Están recopilando ordenadores, dispositivos de comunicación, y están recopilando muchos datos sobre estadounidenses, lo que también debería preocuparnos”, dijo Randall Schriver, vicepresidente de la comisión y ex secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad Indo-Pacífica bajo la primera administración Trump.
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El informe también destacó casos en los que los operadores de estafas y los sindicatos criminales han establecido relaciones “mutuamente beneficiosas” con el gobierno chino y su programa de infraestructura Belt and Road, creando zonas económicas especiales donde han florecido centros de estafa dirigidos a estadounidenses. Señaló la expansión en curso de una red criminal dirigida por el jefe de la tríada designado por Estados Unidos Wan Kuok Koi, que una investigación del Washington Post el mes pasado mostró que tiene vínculos con el Partido Comunista Chino y está siendo investigado por las autoridades del sudeste asiático por operar centros de estafa.
La embajada china en Washington no hizo comentarios sobre los aspectos concretos planteados en el informe del viernes. “El Gobierno chino se mantiene firme en la lucha contra los delitos de fraude en las telecomunicaciones y en Internet, contra las actividades ilegales y delictivas transfronterizas y en la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos”, declaró Liu Pengyu, portavoz de la embajada china.
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El informe del USCC se produce en medio de una profunda reorganización del Departamento de Estado, que comenzó la semana pasada y ha supuesto el despido de unos 1.300 empleados, entre ellos personal clave encargado de supervisar la coordinación de las operaciones de lucha contra el fraude en el Sudeste Asiático.
Como parte de la reorganización, desaparece la Oficina de Asuntos Multilaterales de la Oficina de Asia Oriental y el Pacífico, que coordinaba con los países la política de Estados Unidos contra los centros de estafa dirigidos a estadounidenses, según dos antiguos funcionarios del Departamento que hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.
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El Departamento de Estado ha dicho que “las funciones y el personal esenciales para la misión” se reintegrarán en el departamento. Los comisarios responsables del informe del viernes dijeron que esperaban que ese personal de lucha contra la estafa permaneciera en su puesto.

“Si el Departamento de Estado pretende hacer que Estados Unidos sea más seguro, más protegido y más próspero, esto debe estar en la agenda”, dijo Schriver.
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La administración Trump ha destripado el Instituto Estadounidense de la Paz (USIP), que en marzo despidió a casi todo su personal con sede en Estados Unidos. La organización había desempeñado un papel clave en el seguimiento de la magnitud de la amenaza planteada por las redes criminales respaldadas por China que operan centros de estafa en todo el sudeste asiático.
En sus recomendaciones al Congreso, el informe del USCC afirmaba que es fundamental cimentar la cooperación con los aliados del Sudeste Asiático para evitar “afianzar aún más la presencia e influencia de Beijing” en la región.
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“Hay una parte de aplicación de la ley, y hay una parte de diplomacia”, dijo Kuiken, quien dijo que los centros de estafa deben ocupar un lugar más importante en la agenda de EEUU en los futuros compromisos con Beijing, junto con los esfuerzos en curso para acabar con el comercio mundial de fentanilo. “Se trata de un reto complejo en el que intervienen múltiples elementos de nuestro gobierno, pero es un problema muy grave”, afirmó.
Según una investigación del USIP, las organizaciones delictivas chinas están ampliando su alcance mundial, utilizando redes internacionales de blanqueo de capitales -incluidas operaciones dentro de Estados Unidos- para facilitar estafas a gran escala y la trata masiva de seres humanos. Estas redes se utilizan para dotar de personal a los centros de estafa, que han proliferado por centenares, especialmente en una región sin ley conocida como el Triángulo de Oro, donde la frontera china se encuentra con Myanmar y Laos, cerca de Tailandia.
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Según el informe del USIP, los principales aliados de Estados Unidos, como Tailandia, se enfrentan a una creciente presión de Beijing para que permitan el acceso de altos cargos de la policía china a los centros de estafa.
“El gobierno chino ha colaborado estrechamente con los gobiernos del sudeste asiático continental para combatir las actividades delictivas transnacionales en esas zonas, lo que podría considerarse un pretexto para que China ejerza gradualmente una mayor influencia política en la región”, afirma el informe.

En una operación a gran escala llevada a cabo este año, las autoridades tailandesas -a instancias de Beijing- cortaron la electricidad a los centros de estafa situados a lo largo de la frontera con Myanmar, después de que un actor chino fuera secuestrado y retenido durante varios días en uno de esos centros. El USCC advirtió al Congreso de que las medidas enérgicas se dirigen contra los grupos que estafan a ciudadanos chinos, una acción que, según el USCC, les está incentivando a centrarse en los estadounidenses.
“Si Estados Unidos no refuerza sus relaciones con los países del Sudeste Asiático y les ayuda a desarrollar su capacidad para hacer frente a los centros de estafa, es probable que estos países se vuelvan más dependientes de China para hacer frente a la delincuencia transnacional, afianzando aún más la presencia de Beijing”, señala el informe.
Según la comisión, Beijing tiene pocos incentivos para tomar medidas enérgicas contra las operaciones dirigidas a usuarios estadounidenses, y señala que las redes delictivas han pivotado hacia los estadounidenses. Según el informe, las estafas no sólo agotan los recursos financieros, sino que han tenido consecuencias más trágicas, como suicidios relacionados con las pérdidas de las víctimas.
Estas operaciones de estafa, históricamente dirigidas por organizaciones delictivas chinas, se dirigían inicialmente a ciudadanos chinos a través de los denominados “pig butchering”, un término que describe las estafas románticas en las que los estafadores generan confianza a través de las redes sociales o las aplicaciones de mensajería antes de persuadir a las víctimas para que envíen dinero. Gracias a nuevas herramientas como la inteligencia artificial y las redes sociales, así como a una mejor conectividad en las regiones en las que operan, los estafadores han buscado más víctimas occidentales.

Ese giro también ha alimentado una creciente red de blanqueo de dinero en suelo estadounidense. Las acusaciones federales muestran cómo cientos de millones de dólares estafados a estadounidenses se han canalizado a través de sofisticadas redes de cuentas bancarias, empresas ficticias y bolsas de criptomonedas, que en última instancia han enviado los fondos robados a organizaciones delictivas de Asia.
En febrero, la fiscalía federal de California acusó a dos ciudadanos chinos y a un cómplice estadounidense de blanquear más de 13 millones de dólares procedentes de estafas relacionadas con la matanza de cerdos a través de empresas ficticias radicadas en Estados Unidos. El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció una incautación récord de criptomoneda por valor de 225 millones de dólares vinculada a un sofisticado esquema de blanqueo de dinero que atraía a víctimas estadounidenses para que enviaran fondos a través de plataformas de inversión fraudulentas.
“Los chinos también están extendiendo claramente sus operaciones de blanqueo de dinero a Estados Unidos, de modo que este blanqueo de dinero digital cuenta con la ayuda de elementos delictivos chinos dentro de nuestras fronteras”, afirmó Schriver.
© 2025, The Washington Post.
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