La hipótesis del asesinato por inmunidad presidencial, perfectamente válida

El 3 de enero de 2021, un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia se reunió en la Oficina Oval para resolver una disputa crítica dentro de la administración del presidente Donald Trump.

William P. Barr había renunciado como fiscal general dos semanas antes y Trump no estaba contento con Jeffrey Rosen, el fiscal general interino. Trump estaba considerando destituir a Rosen en favor de Jeffrey Clark, un abogado ambientalista dentro del Departamento de Justicia que estaba ansioso por amplificar las acusaciones de Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 habían sido robadas.

Trump criticó a Rosen por no estar dispuesto a utilizar el departamento para ayudarlo en sus esfuerzos por conservar el poder. Rosen insistió en que hacerlo sería violar la ley y la Constitución. Por eso, Trump sacó una espada de caballería de la pared y le cortó los brazos.

¡En realidad no! Aunque todo lo demás ocurrió, la parte de la espada no. Pero si hubiera ocurrido, habría sido una buena noticia para Trump: según el criterio establecido por la Corte Suprema el lunes, probablemente no podría haber sido considerado penalmente responsable por haber desmembrado a su fiscal general interino.

A raíz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Trump v. Estados Unidos, que determinó que los presidentes gozaban de amplia inmunidad frente a la persecución penal por actos oficiales, una hipótesis ha capturado la imaginación del público: la articulada en la opinión disidente de la jueza Sonia Sotomayor.

“Cuando [el presidente] utilice sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de un proceso penal”, escribió. “¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune”.

Sotomayor no inventó este escenario en particular, claro está. Durante los argumentos orales del caso, le preguntó a un abogado que representaba al expresidente si un jefe del ejecutivo “decide que su rival es una persona corrupta y ordena a los militares u ordena a alguien que lo asesine”, ese era un acto oficial que merecía inmunidad. El abogado dijo que “bien podría ser un acto oficial”. Fue el juez Samuel Alito quien, un poco más adelante, en la conversación, introdujo la idea de que los asesinos teóricos serían miembros del Equipo Seal 6.

En una entrevista en Fox News el lunes, el propio Barr rechazó esta hipótesis, diciendo que “no tiene ningún sentido”. “El presidente tiene la autoridad de defender al país contra enemigos extranjeros, conflictos armados, etc.”, afirmó. “Tiene la autoridad de dirigir el sistema de justicia contra los criminales en el país. No tiene autoridad para ir y asesinar gente”.

“No importa si utiliza al equipo SEAL o a un sicario privado”, continuó Barr. “No significa que esté ejerciendo su autoridad. Por lo tanto, todas estas historias de terror son realmente falsas”. Excepto que no lo son.

En su voto disidente concurrente, la jueza Ketanji Brown Jackson articuló específicamente un escenario que presumiblemente dejaría al presidente inmune a ser procesado. A grandes rasgos, refleja el debate de la Oficina Oval de 2021, centrado en el evidente poder del presidente para expulsar a los funcionarios del gabinete de sus puestos.

“Si bien el Presidente puede tener la autoridad para decidir destituir al Fiscal General, por ejemplo”, escribió Jackson, “la cuestión aquí es si el Presidente tiene la opción de destituir al Fiscal General, por ejemplo, envenenándolo hasta la muerte”.

La distinción que se hace, continuó, es entre el poder presidencial y la forma en que se ejerce ese poder. Enviar un tuit para despedirlo o envenenarlo. O cortarle los brazos para que renuncie por su propia voluntad. Todo es simplemente un presidente haciendo las cosas de un presidente de diferentes maneras. El argumento de Barr es que un presidente no puede simplemente enviar un equipo SEAL para matar a alguien. Pero, por supuesto, un presidente puede hacerlo. Barack Obama envió un equipo SEAL para matar a Osama bin Laden en 2011.

Antes de hacerlo, un equipo de abogados del gobierno se reunió para evaluar la legalidad de la operación y establecer argumentos legales que pudieran presentarse después del hecho, en caso de que la acción fuera cuestionada. La decisión del Tribunal Supremo del lunes hubiera obviado parte de eso, porque habría habido menos posibles cuestiones jurídicas derivadas de la decisión. Sin embargo, después de la exitosa operación, surgieron pocas de esas preguntas.

Obama entró en un terreno más delicado cuando aprobó el asesinato de un ciudadano estadounidense en un ataque con aviones no tripulados ese mismo año. El hecho de que el ciudadano, Anwar al-Awlaki, hubiera trabajado con Al Qaeda significaba que era un objetivo viable según los términos de la autorización de uso de la fuerza aprobada después del ataque del 11 de septiembre, según un memorando del gobierno preparado antes del ataque. El asesinato desencadenó un furioso debate sobre los límites del poder presidencial.

El método de cada asesinato no era lo importante. Lo que importaba era la determinación de que la persona podía ser asesinada. Si un presidente esgrimiera un argumento de seguridad nacional para destituir a un oponente, teóricamente el método no importaría a efectos de inmunidad más de lo que importaría el medio para deshacerse de un fiscal general problemático. Barr se burla de la hipótesis, ya que utilizar un equipo SEAL “no lo convierte en un ejercicio de su autoridad”. Pero el problema es que teóricamente el asesinato podría incluirse en el ámbito de la autoridad, lo que haría que el método, una vez más, no fuera lo importante.

¿Trump y su personal leal extenderían su poder para hacer que se cumpla su voluntad? ¿Afirmaría, por ejemplo, que sus oponentes habían cometido traición, un delito capital? ¿Podría encontrar personal que apoyara esos esfuerzos? ¿Un juez o jueces que se pusieran de su lado? Sí, claro. Vean sus discursos o publicaciones en las redes sociales. Vean el ejemplo anterior, que involucra a Jeffrey Clark y las elecciones de 2020. Vean lo que sucedió después de las elecciones de 2020.

Y véase también la decisión en el caso Trump contra Estados Unidos, que se basó en la acusación federal contra Trump por haber intentado anular los resultados de las elecciones. De hecho, su esfuerzo por poner a Clark en un puesto en el Departamento de Justicia fue mencionado indirectamente en la opinión mayoritaria del presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., como excusable.

¿Había intentado hacer más factible esa transición de poder atacando a funcionarios gubernamentales que no estaban de acuerdo con él con una katana o, por ejemplo, convocando al Equipo Seal 6 a la Oficina Oval para intimidar a Rosen y otros? Bueno, eso es simplemente un presidente haciendo cosas de presidente, ¿no?