Hace 10 años: esto pasaba el 2 de julio

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, seguía con dos frentes abiertos: los paros de los trabajadores estatales, que protestaban contra la división del aguinaldo en cuotas, por un lado, y por el otro las críticas del kirchnerismo. Su jefe de Gabinete defendió su gestión en una primera respuesta oficial con un argumento fatigado: “Buenos Aires tiene un problema estructural que lleva 25 años, que es la pérdida de los 7 puntos de coparticipación y el congelamiento del fondo del conurbano en $650 millones desde 1996″, dijo Alberto Pérez, quien luego estaría complicado en una causa sobre enriquecimiento.

A las declaraciones negativas de la presidenta, Cristina Kirchner, y el ministro de Interior y Trabajo, Florencio Razzano, aquel martes se sumaron las de el vice, Amado Boudou —”hay un déficit que no es sustentable en estos términos”, dijo, “y es muy importante administrar con seriedad”—, y el senador Aníbal Fernández, hoy ministro de Seguridad.

Más duro fue el golpe que recibió a nivel local, cuando la presidenta del bloque oficialista del Senado bonaerense, Cristina Fioramonti, declaró: “Si el gobierno de la provincia no puede hacer frente a los sueldos y los aguinaldos, no es responsabilidad de la Nación”.

La pelea entre Kirchner y Hugo Moyano, quien había sido su aliado hasta septiembre de 2011, se profundizó: Randazzo firmó una resolución para dejar sin efecto “el Régimen de Compensación de Aranceles de la Evaluación Psicofísica de Conductores Profesionales”, más conocido como el monopolio que los camioneros tenían sobre los exámenes obligatorios para obtener el registro. Hasta 2007 las licencias para facturar unos $100 millones anuales se dividía con otros gremios, pero el entonces presidente Néstor Kirchner la centralizó.

Luego de la protesta contra el impuesto a las Ganancias, convocada por el secretario general de la CGT frente a la Plaza de Mayo, la presidenta dejaba sin objetivo a la empresa que presidía Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, la esposa de Moyano, creada para brindar esos servicios a la obra social de los camioneros.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada en Caleta Olivia, Pico Truncado y Río Turbio; a la mañana ya se habían sumado Río Gallegos, El Calafate, Las Heras, Puerto San Julián y Cañadón Seco. Sucedían dentro de las comisarías. Y los protagonizaba la policía de Santa Cruz, amotinada aunque sin armas en los edificios. La “autoconvocatoria”, como la llamaban los representantes de este grupo sin sindicato, pedía un aumento del salario que comenzaba en $5.000 pesos.

La protesta continuaría durante varios días. Distintos referentes policiales pedían cosas diferentes —aumento del 100%, pago de horas extras, reintegro de gastos por la compra de uniformes, suspensión de jefes abusivos—, pero el gobernador provincial, Daniel Peralta, quien no tenía la mejor de las relaciones con Cristina Kirchner, minimizó el impacto.

Su secretario de Seguridad, Alejandro Martín, acusó a Mario Monsalvo, que había sido despedido, de impulsar el acuartelamiento y “desestabilizar” al gobierno. “Este suboficial tiene un acercamiento político al ARI, por lo que la medida es política”, agregó.

Dos días más tarde hubo quemas de cubiertas frente a las comisarías, porque el gobierno había bloqueado el ingreso a los policías; una se hizo a una cuadra de la casa de Máximo Kirchner. Hacia el tercer día de protesta Peralta había ofrecido 34% en tres cuotas, pero más del 80% de los policías seguían amotinados y sin acceder.

En Cañuelas, un grupo de vecinos irrumpió en la municipalidad para protestar por el asesinato de dos hermanos, Leonardo y Marcelo Massa, comerciantes de un supermercado. En las calles y bajo la lluvia, las personas manifestaban a la vez contra la violencia y contra el gobierno de Marissa Fassi, cuyo jefe de policía, Hugo Martzkin, anunció que se formaría una mesa de trabajo especial para investigar el caso y dar con los culpables.

El caso había sucedido en la noche del domingo, cuando los hermanos Massa fueron baleados durante un asalto al supermercado Doña Rosa. Fernando Marconi y Edgardo Sagini serían condenados a prisión perpetua en 2015 por el homicidio durante el robo, luego de especulaciones sobre el móvil, ya que uno de los asaltantes había atacado antes a uno de los comerciantes y acababa de salir de prisión.

La presidenta entregó los primeros documentos nuevos a 12 personas trans y a varios bebés de parejas de mujeres, que no podían estar inscriptos con dos madres porque nacieron antes de la Ley de Matrimonio Igualitario. “Este es un día de inmensa reparación y de igualdad, que es algo tan importante como la libertad”, dijo Kirchner. “Cuando alguien es ignorado y reprimido, es como no existir”.

Aquel lunes llegó a las librerías la traducción de 50 sombras de Grey, de E.L James, que fue un fenómeno de ventas en los Estados Unidos y causó enormes controversias por la estetización de la violencia de género. En la vida real, mientras tanto, comenzaba el juicio por el intento de femicidio —todavía no existía la figura— de Corina Fernández, baleada por su ex esposo frente a sus hijas, en la puerta de la escuela. Javier Weber, que había denunciado 80 veces debido a los maltratos y había violado las órdenes de restricción, dijo que había sido “un incidente”.

Weber sería sentenciado a 21 de cárcel por intento de homicidio y tenencia ilegal de un arma de fuego. Luego de 17 días en terapia intensiva, Fernández lograría sobrevivir; todavía conserva dos balas en el cuerpo. Contó su caso emblemático en el documental No me mates, de Gabriel Arbós, para difundir la epidemia de terrorismo doméstico.

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