Hace 10 años: esto pasaba el 3 de agosto

“Galo y yo no tenemos pedido de captura alguno, además no estamos prófugos”, tuiteó Moria Casán aquel viernes. Sin embargo, tanto ella como su asistente, Galo Sotto, y su socio en emprendimientos en Paraguay, el productor Luciano Garbellano, tenían, en efecto, una orden de detención firmada por las fiscales paraguayas Claudia Criscioni y María Stefanía González. Crecía así el caso que investigaba la desaparición de joyas por un valor aproximado de USD 82.000, que Moria había lucido en un desfile el 28 de julio.

Casán había sido detenida cuando se disponía a regresar a Buenos Aires, en el aeropuerto, aquel sábado: ese fue el grado cero del BijouGate, como lo llamaría ella, que la llevaría a una detención en 2015 y terminaría con un acuerdo avalado por la jueza a cargo de la causa, Diana Marchuk, en 2017.

Luego del show en el Centro de Convenciones de la Conmebol, Galo le quitó la gargantilla y los aros del joyero Juan Armando Benítez, a la vez que el camarín se llenaba de gente. “Viene el joyero con la señora y empiezan a sacarme fotos sin la joya. Abre la caja y me dice ‘No están las joyas’. Yo le dije: ‘Andá a buscar a un guardia’. La mujer seguía sacando fotos, había 20 personas en el camarín. El joyero no volvió con un guardia, agarró a la mujer y se fueron”, relató Moria lo que observó como una reacción curiosa. “Si a alguien le desaparecen joyas por USD 80.000 dólares busca a alguien que le solucione el problema”.

Mientras se anunciaban los pedidos de detención, que en la noche del 3 de agosto se comunicarían a Interpol, hubo un allanamiento en la vivienda de Garbellano en Carmelitas, pero el socio de Moria en una escuela de arte y una agencia de modelos no estaba allí. Luego declararía, lo mismo que dijeron Moria y Sotto.

Lluvias, viento, granizo. Agosto seguía con mal clima, y en tres días había caído el 70% de la lluvia promedio del mes entero. Hubo inundaciones y evacuados, y en el conurbano 10 municipios solicitaron ayuda al gobernador Daniel Scioli. Hubo también cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, anegados, y mucho caos en el tránsito, al que poco ayudó el comienzo del paro de los trabajadores de Metrovías, desde las 21. Con las negociaciones trabadas y la pelea entre CABA y Nación por el traspaso del subte, se avecinaba la huelga más larga del servicio porteño.

El gobierno había disuelto la Administración de Programas Especiales de las obras sociales, un fondo para tratamientos complejos y caros, que fue un golpe para el moyanismo. Ahora, como un agravio adicional al secretario general de la CGT, ofrecía a los gremios opositores, que se habían organizado detrás de la candidatura de Antonio Caló en otra convocatoria a elecciones, la devolución de unos $340 millones de la deuda por reintegros no abonados en la agencia, que llegaba a $2.000 millones.

En un solo golpe, se evitaba la pelea judicial por los recursos, o al menos se la demoraba, y se le recordaba a Hugo Moyano todos los recursos que se podían movilizar en su contra.

Quedaba por ver si los dirigentes aceptaban: además de esa deuda, estaban pendientes otros $10.000 millones de los aportes obligatorios para las obras sociales, retenidos en el Fondo Solidario de Redistribución.

Algunos analistas de mercado vieron la colocación de bonos bonaerenses como un reflejo de la excesiva liquidez en pesos que no se pueden emplear para comprar dólares, dadas las restricciones cambiarias. El gobernador Daniel Scioli prefirió ver “la creencia y la confianza en la provincia de Buenos Aires”. Lo cierto es que luego de la zozobra de recursos que lo hizo dividir el aguinaldo de los estatales en cuotas —y recibir el correspondiente rechazo gremial, con paros— ahora logró recoger cuatro veces el dinero que esperaba.

Los bonos, cuyo éxito el actual ministro de Desarrollo Productivo presentó con Silvina Batakis, hoy ministra de Economía nacional y entonces bonaerense, iban a traer unos USD 50 millones a La Plata, y terminaron por llevar USD 201 millones. Se vendían en pesos pero rendían un 9% en dólares, según la cotización oficial.

En otra sintonía, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, volvió a reunirse —por quinta vez en las últimas semanas, marcadas por la distancia que el gobierno nacional tomó de Scioli— con intendentes del conurbano para prometerles obras en sus distritos. Circunvalando al gobernador. Y si mantenían el apoyo al gobierno nacional: “El modelo es innegociable”, dijo.

De Vido también estuvo ocupado con el ministro de Petróleo y Energía de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, para concretar el primer paso en la colaboración entre Argentina y Venezuela en hidrocarburos. El acuerdo establecía la incorporación de YPF a la empresa que trabajaba en el Orinoco y la de PDVSA a la explotación de petróleo y gas argentinos; “incorporar más petróleo en unos 30.000 barriles diarios”, de Venezuela a Argentina, para refinar; el aprovechamiento conjunto de recursos financieros y aspectos tecnológicos.

Una investigación periodística de la agencia alemana DPA reveló un venero de documentos sobre la red de espionaje de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, los años de su dictadura en Chile. La policía secreta, la DINA, que luego se llamaría CNI, controlaba a los opositores en Chile y en el exterior, como así también la prensa, el Vaticano, los gobiernos regionales —incluidas las dictaduras— y hasta el FBI. Uno de los operativos de espionaje, llamado Epsilon, facultaba a Manuel Contreras, director de la DINA, muerto en 2015 mientras cumplía una condena a 275 años, a vigilar a los funcionarios de Pinochet.

La red de espionaje de la dictadura también comprometió a algunos políticos, entre ellos a Alberto Cardemil, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, el partido del presidente Sebastián Piñera. La investigación mostró la firma de Cardemil en varios documentos secretos con información sobre activistas de derechos humanos y con denegaciones de regreso al país para varios exiliados.

“Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaria de la Solidaridad” escribió Cardemil en un informe secreto de abril de 1985. Cardemil fue viceministro del Interior de Pinochet hasta el fin de la dictadura en marzo de 1990. “Cardemil es la evidencia de lo que hemos señalado: en componendas políticas se dejó en la impunidad a los civiles que fueron parte del aparato de la dictadura”, dijo la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

Cardemil dijo primero que no recordaba los documentos, y luego los desestimó: “No es más que una de estas campañitas de extrema izquierda”, declaró. “Respondo de la legalidad y ética de todo decreto firmado por mí”.

Los documentos revelan las negociaciones del pinochetismo con el Vaticano para hacer callar a algunos religiosos chilenos que denunciaban las violaciones a los derechos humanos. También listaban a más de 750 corresponsales de medios extranjeros —France Press, Reuters, AP, EFE, BBC, The Economist, Le Monde y The New York Times entre ellos— de los que se realizaban fichas para seguir sus coberturas.

El ministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, dijo que se investigaría el caso: “Voy a hacer todas las indagaciones respecto de la eventual existencia de estos archivos y, si existen, obviamente los voy a entregar a la justicia”.

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