Ante la crisis climática, la industria vitivinícola argentina se encamina hacia un modelo más sustentable

Son varias las cadenas de producción agroalimentaria a las que se les viene achacando cierta indiferencia -y hasta desdén- por la implementación de procesos que supongan mejoras en materia de impacto ambiental. Concretamente, al sector agroindustrial se lo señala como el responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sus falencias en materia de gestión sustentable del agua, la energía, los residuos o efluentes son señalados permanentemente en estudios y documentos científicos.

Una de esas cadenas implicadas -a nivel mundial- es la vitivinícola. La Argentina es el quinto productor mundial de vino y el principal exportador de mosto a escala global. La vitivinicultura constituye una de las actividades agroindustriales más importantes de nuestro país. Su producción está concentrada básicamente en las provincias del oeste, en donde su territorio abarca más de 230 mil hectáreas cultivadas, en las que predominan las uvas aptas para la elaboración de vino y mosto. De las 884 bodegas existentes en Argentina, 634 están en Mendoza, 121 en San Juan y otras 129 en distintas provincias que también tienen desarrollo vitivinícolas.

La estructura productiva está compuesta básicamente por pequeñas y medianas propiedades distribuidas en los valles irrigados en convivencia con emprendimientos de grandes escalas y altos niveles tecnológicos en las zonas sin derecho de riego. Se estima que hay aproximadamente 25 mil viñedos y 17 mil productores.

Como parte de una estrategia integral de fortalecimiento de consumo y producción sustentable, la secretaría de Ambiente de la Nación elaboró hace un tiempo unas "guías sectoriales" que están orientadas a la innovación y la sustentabilidad con vistas a la mejora de algunas prácticas en diversas actividades productivas y de servicios. Una de ellas es la vitivinícola. Para su confección contó con la participación de las cámaras y asociaciones empresariales involucradas.

La iniciativa se enmarca dentro de los compromisos asumidos por Argentina respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que buscan profundizar la articulación institucional entre el Estado y los distintos sectores productivos mediante acciones de capacitación, participación y gestión ambiental. En ese sentido, la Guía cumple con uno de los compromisos principales que es buscar la promoción efectiva de la innovación y el desarrollo sustentable en las actividades productivas y de servicios.

La Guía está dirigida a pequeños y medianos establecimientos de toda la Argentina, que son conscientes de que, además de ampliar la sostenibilidad de los procesos de la vitivinicultura, los cambios repercuten inmediatamente en el incremento de la competitividad de los vinos argentinos.

El desarrollo sustentable está orientado a que cualquier actividad humana -en este caso la industria vitivinícola- se desarrolle satisfaciendo necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Ante la amenaza de la crisis climática que tiene en vilo al planeta en su conjunto es necesario que el Estado intente abordar los aspectos de la producción de bienes y servicios considerando el impacto que éstos tienen sobre el ambiente a través del consumo de recursos o la generación de efluentes y residuos.

La aplicación de prácticas más sustentables debe darse a lo largo de todo el ciclo de vida de la vitivinicultura, es decir desde la obtención de la uva en el viñedo hasta la gestión de residuos y efluentes en la bodega, incluyendo la disposición final de los envases. Las acciones que propone la Guía abarcan mejoras que van desde la gestión del agua de los viñedos y bodegas, aislaciones de tanques, producción de envases, utilización de bombas eléctricas, manejo de efluentes y residuos hasta el mismísimo diseño o rediseño arquitectónico de los establecimientos.

Este modelo de adaptación intenta también facilitar el mejor cumplimiento de la normativa nacional y jurisdiccional, así como también acercar y sensibilizar a empresarios y trabajadores en prácticas que también involucran la calidad e inocuidad, la minimización de los impactos ambientales de la actividad y la responsabilidad social empresaria.

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