Procesaron a la conductora Fabiana Araujo por desobedecer una orden judicial

El 13 de mayo de 2025, la conductora Fabiana Araujo (cuyo verdadero nombre es Fabiana Constanza Sdrigotti), fue procesada por desobedecer la orden judicial que le prohibía hablar públicamente de su exmarido, Alejandro Diego Pérez Escoda, mientras se tramitaba un expediente por violencia familiar. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 54, que también ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes, aunque desestimó la prisión preventiva. Según la justicia, Araujo dio entrevistas en al menos cinco medios entre el 1 y el 16 de noviembre de 2023, a pesar de la orden expresa del Juzgado Civil N.º 83 de no difundir información vinculada al proceso.

Pérez Escoda y Fabiana Araujo se casaron el 6 de octubre de 2015, en la Ciudad de Buenos Aires. Ocho años después, según cuenta el hombre, el vínculo estaba agotado. Él, empresario publicitario, y ella, figura del mundo del espectáculo, intentaron inicialmente una separación sin estridencias.

—Estábamos separados hacía un año, pero ella no quería divorciarse —recordó Pérez Escoda a Teleshow—. Me decía que todavía había algo que recuperar.

Según su relato, en septiembre de 2022 hablaron por primera vez de firmar los papeles. No lo hicieron. Fue él, señala, quien terminó iniciando el trámite en solitario. El 15 de mayo de 2023, ambos se presentaron ante el juzgado con una solicitud conjunta y un convenio regulador. El tribunal decretó el divorcio, declaró disuelta la comunidad de bienes con efecto retroactivo a abril de 2022, y dispuso que cada parte asumiera sus propios costos judiciales.

“Fue duro. Pero también fue un alivio. Llegamos a un acuerdo bastante amigable, hasta ese momento”, explica Pérez Escoda.

La calma duró menos de dos meses. El 14 de julio de 2023, cuenta el ex esposo de Araujo, un amigo suyo publicó en redes sociales una imagen donde se lo veía en su embarcación, junto a su nueva (y actual) pareja, Natasha Simmendinger. Pocos días después, Araujo brindó una entrevista por televisión. Lo acusó, sin nombrarlo del todo, de maltrato.

“Lo insólito es que ese mismo 20 de julio me había mandado un mensaje : ‘Feliz día del amigo. Ojalá podamos volver a ser los amigos que fuimos’”. señala Pérez Escoda. “Y al rato, estaba dando notas”, completa.

El escándalo se expandió en efecto dominó. Araujo volvió a hablar del caso. La estrategia de Pérez Escoda fue el silencio: “Me llamaban periodistas amigos. Pero preferí esperar el fallo”.

En privado, sin embargo, Pérez Escoda cortó los lazos financieros con Araujo. Le quitó el acceso a tarjetas, suspendió seguros médicos y líneas telefónicas. “Yo le dije: o te retractás o se termina todo. Y se terminó”, explicó sobre su conducta.

Araujo lo denunció por violencia de género. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 27, con intervención de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Tras un proceso extenso, el 14 de marzo de 2024 se dictó el sobreseimiento total de Pérez Escoda. El fallo, basado en los incisos 2° y 3° del artículo 336 del Código Procesal Penal, concluyó que los hechos denunciados no constituían delito alguno. El juez dejó a salvo “el buen nombre y honor del imputado”, tal como lo gozaba antes del inicio del proceso.

“Nunca hubo violencia. Ni gritos, ni golpes, ni amenazas. Como mucho, alguna discusión. Cosas que uno dice y no debería. Pero de ahí a lo que se dijo en televisión…”, cuenta Pérez Escoda.

En paralelo, la justicia civil había ordenado a ambas partes medidas de restricción de acercamiento mutuo y la orden de mantener silencio público sobre el conflicto, una medida habitual en causas de familia. Sin embargo, para la justicia, Araujo volvió a los medios al menos cinco veces. En su descargo, dijo no haber sido notificada. El tribunal, sin embargo, acreditó que sí tenía conocimiento de la restricción, ya que había presentado escritos en ese mismo expediente.

La conducta de Araujo fue calificada como desobediencia a la autoridad pública, reiterada en cinco oportunidades. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, pero con un embargo económico de cinco millones de pesos y el avance de otras dos causas conexas: una por daños y perjuicios y otra por falsa denuncia. La pena, sin contar agravantes por la cantidad de hechos, podría ser de entre 15 días a un año.

Para Pérez Escoda, el escándalo mediático “me impactó en lo personal, pero también en lo profesional. A veces, la verdad tarda, pero siempre termina imponiéndose”.