California estrena la primera ley con sanción real para influencers que ocultan cobros por publicidad política

California se convirtió el sábado en el primer estado de EE.UU. que sanciona penalmente a los influencers que reciben dinero de campañas políticas sin declararlo en sus publicaciones.

El gobernador Gavin Newsom firmó el AB 1130, una ley que habilita multas de hasta US$ 5.000 por cada posteo no declarado y abre la puerta a derivar los casos a la justicia como posibles infracciones penales. La norma llega cuando la campaña para las elecciones intermedias de noviembre se encuentra en su tramo más intenso y cuando los candidatos destinan cientos de millones de dólares a creadores de contenido digital.

Un vacío de tres años con consecuencias concretas

California ya exigía desde 2023 que los creadores de contenido declararan cuando recibían pagos para hablar a favor o en contra de candidatos y medidas electorales estatales o locales. Sin embargo, la ley carecía de dientes: no existía ninguna multa ni sanción penal.

La única herramienta disponible era que el regulador solicitara a un tribunal que ordenara el cumplimiento, un proceso que podía demorar meses y llegaba, en la mayoría de los casos, cuando la campaña ya había terminado y el daño estaba hecho.

La brecha legal era aún más pronunciada a nivel federal. A diferencia de la publicidad televisiva, radial o gráfica —que desde hace décadas obliga a indicar quién financia cada aviso electoral—, el derecho federal de EE.UU. no contempla ningún requisito de divulgación para el contenido político pagado en redes sociales.

La Comisión Electoral Federal (FEC) lleva años buscando la fórmula para regular el espacio digital sin conseguirlo. Texas es el único otro estado que exige algún tipo de declaración a los creadores que cobran por publicar política, aunque su mecanismo de aplicación sigue siendo limitado.

El caso Steyer y el detonante de la ley

El impulso político concreto vino del escándalo protagonizado por el multimillonario Tom Steyer durante la reciente primaria para gobernador de California. Steyer, que compitió por la candidatura demócrata sin éxito, pagó a decenas de influencers para que lo promovieran en TikTok, YouTube, Instagram y Reddit.

Muchos de esos creadores no incluyeron ningún aviso de que estaban siendo remunerados, mezclando lo que parecía apoyo espontáneo con contenido contratado. Las quejas formales presentadas ante la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC) pusieron el asunto en el centro de la agenda legislativa californiana.

El asambleísta Marc Berman, autor del proyecto, explicó que decidió presentarlo después de descubrir cierta ambigüedad en la ley vigente y en cómo se aplicaba. Al momento de la firma del AB 1130, la FPPC había cerrado una de las investigaciones contra la campaña de Steyer, pero confirmó que otra sigue abierta.

El caso Steyer no es el único: según registros de seguimiento electoral, algunas campañas pagaron a creadores de contenido cifras de hasta US$ 21.500 por publicaciones que se presentaban ante los seguidores como opiniones genuinas y no como publicidad.

Newsom firmó el AB 1130 como parte de un paquete de 13 leyes agrupadas bajo el título de protección de las elecciones de California frente a la interferencia de Trump. El conjunto incluye también penas de cárcel por la confiscación de boletas antes de ser certificadas y restricciones al despliegue de personal federal en lugares de votación.

Para el gobernador demócrata, cada pieza de ese paquete forma parte del muro legal que California está construyendo ante lo que describe como ataques sistemáticos del gobierno federal a la integridad electoral, con las elecciones intermedias del 3 de noviembre a seis semanas de distancia.

Las voces detrás de la norma

A nivel federal, el senador Adam Schiff presentó el proyecto PAID Act (Promoting Authenticity with Influencer Disclaimer), que le daría a la FEC la autoridad para exigir avisos de pago en el contenido político de redes sociales a nivel nacional. La iniciativa no ha sido llevada a votación.

Al presentarla, Schiff sostuvo que un influencer puede alcanzar a más personas que una valla publicitaria o un aviso de televisión en 2026, pero que la gente merece saber quién está detrás de esa publicación y si cobró por ella.

La ausencia de una norma federal convierte a California en referencia de facto para el resto de los estados.

Varios legisladores estatales de Colorado, Florida y Michigan ya anunciaron su intención de presentar proyectos similares. El contexto electoral lo explica: los candidatos para las intermedias de noviembre están canalizando más de mil millones de dólares en fondos que circulan por fuera de los canales tradicionales de reporte, según registros de seguimiento de financiamiento político.

En ese entorno, los influencers representan un mecanismo de evasión sutil: los pagos se disfrazan de opiniones espontáneas y alcanzan a audiencias jóvenes que no los identifican como publicidad.