El caso que desató este juicio a las redes sociales
El primer proceso judicial tiene como protagonista a KGM, una joven californiana que comenzó su interacción con redes sociales a los ocho años y que, según su denuncia, desarrolló adicción a plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat desde una edad temprana.
Sus abogados sostienen que el diseño de estos productos, junto con técnicas como el “scroll” infinito, fomentaron un uso compulsivo, lo que derivó en depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.
La demanda sostiene que el impacto negativo de estos sistemas no es accidental, sino consecuencia directa de estrategias empresariales orientadas a maximizar el tiempo de uso y la interacción de los menores.
El equipo legal de KGM busca no solo una compensación económica, sino también la imposición de cambios obligatorios en el diseño de las plataformas para reducir los perjuicios a los usuarios más jóvenes.
Joseph VanZandt, uno de los abogados principales del caso, señaló: “Este es el punto cero de nuestra lucha contra las redes sociales, donde la sociedad establecerá nuevas expectativas y estándares sobre cómo las empresas de redes sociales pueden tratar a nuestros niños”.
Comparan las redes sociales con el alcohol y el cigarrilo
La acción judicial no es aislada. Forma parte de una ofensiva legal mucho más amplia, con miles de demandas presentadas por adolescentes, distritos escolares y estados en todo el país.
La estrategia de los demandantes recuerda a la empleada contra las grandes compañías de tabaco en los años noventa, cuando se demostró que ocultaban información sobre los daños de sus productos. Aquellos litigios terminaron en 1998 con un acuerdo de USD 206.000 millones, el mayor en la historia de Estados Unidos.
Los abogados de KGM y otros demandantes argumentan que las redes sociales, al igual que los cigarrillos, constituyen un “producto defectuoso” por su potencial adictivo y los daños que ocasionan a la salud mental de los jóvenes.
Entre las tácticas señaladas están el algoritmo de recomendaciones, la reproducción automática de videos y los filtros de belleza, los cuales —según la parte acusadora— promueven comparaciones perjudiciales y dismorfia corporal.
Qué dicen las redes sociales implicadas en el caso
Las empresas demandadas han respondido con una estrategia doble. Por un lado, rechazan la acusación de que sus productos sean adictivos y argumentan que no existe una prueba científica concluyente que lo demuestre. Por otro, se amparan en la ley federal que protege a las plataformas digitales de ser consideradas responsables por el contenido que publican sus usuarios.
Portavoces de Meta han declarado que los litigios tienden a simplificar en exceso los problemas de salud mental de los adolescentes, responsabilizando solo a las redes sociales de una cuestión compleja y multifacética.
Según esta postura, factores como la presión académica, la inseguridad escolar, los retos socioeconómicos y el abuso de sustancias desempeñan un papel igual o más relevante en los desafíos que enfrentan los jóvenes.
En el caso de Snap, la compañía llegó a un acuerdo extrajudicial con KGM la semana previa al inicio del juicio, aunque sigue figurando como demandada en otros procesos similares.
Países en los que las redes sociales están siendo reguladas
El inicio de este juicio ocurre en un momento de creciente escrutinio internacional sobre el papel de las redes sociales en la vida de niños y adolescentes. Diversos gobiernos han comenzado a tomar medidas para limitar la exposición de los menores a estos entornos digitales.
En Francia, una nueva ley fija en 15 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales. Australia, por su parte, bloqueó el acceso a estas aplicaciones para menores de 16 años.
En Estados Unidos, aunque el Congreso ha debatido la posibilidad de imponer regulaciones más estrictas, hasta ahora los esfuerzos han tenido poco éxito. Algunos estados, como California, Texas y Ohio, han aprobado normativas para proteger a los menores, aunque las compañías tecnológicas han logrado bloquear muchas de estas leyes en los tribunales, invocando la libertad de expresión.
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