Diez países integran el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que fue creado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para impulsar acciones diplomáticas y jurídicas ante el deterioro institucional y de derechos humanos en el país centroamericano, consignó la agencia EFE.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos forman parte del mecanismo, según informó el martes la Presidencia de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.
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La participación en el grupo es voluntaria y continúa abierta al resto de los Estados miembros del organismo hemisférico. Cada país estará representado por su canciller o por una persona designada, bajo un criterio de equilibrio geográfico y con apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA.
La conformación del grupo deriva de la resolución “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, aprobada el 2 de octubre en Washington durante una reunión extraordinaria de cancilleres. El texto reclama al régimen de Managua la realización de elecciones y la liberación sin condiciones de las personas detenidas por razones políticas.
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Según la agencia EFE, el mecanismo tendrá como misión establecer contactos con las autoridades nicaragüenses, sectores de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y comunidades en el exilio. El grupo también deberá preparar recomendaciones para una nueva reunión de consulta de la OEA.
La resolución fija un plazo máximo de 60 días desde su aprobación para que el grupo entregue propuestas de medidas diplomáticas y jurídicas. Esas acciones deberán ajustarse a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos regionales de derechos humanos y el derecho internacional, sin contemplar el uso de la fuerza.
El documento también prevé que la misión procure un diálogo directo con Managua y realice una visita a Nicaragua. La iniciativa busca abrir canales de interlocución en un país que abandonó formalmente la OEA en 2023, por decisión del mandatario Daniel Ortega.
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La reunión de consulta de cancilleres no contaba con representantes nicaragüenses. El organismo no convocaba este tipo de instancia desde 2019, cuando analizó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
La nueva acción colectiva de la OEA surgió después de que Ortega afirmara el 19 de julio que no habría más elecciones en Nicaragua. Tras esas declaraciones, el oficialismo promovió una reforma constitucional que impediría competir en procesos electorales a las personas consideradas “traidores a la patria”, una categoría utilizada por el Gobierno para referirse a opositores y críticos.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó como urgente la recuperación del orden constitucional en Nicaragua. También planteó que los Estados miembros evalúen sanciones económicas que no afecten a la población, además de restricciones financieras y de viaje para funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos, de acuerdo con EFE.
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La decisión de la OEA se produce en medio de advertencias de organismos internacionales sobre el cierre del espacio cívico y la concentración de poder en Nicaragua desde la represión de las protestas de abril de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas señalaron el 1 de octubre que las condiciones actuales del país no cumplen con los estándares internacionales necesarios para garantizar una democracia. Ambos organismos documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, muertes bajo custodia estatal, confiscaciones de bienes y privaciones de nacionalidad.
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En ese pronunciamiento, la CIDH y el grupo de expertos reclamaron la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, así como información sobre el paradero de quienes permanecen desaparecidos. También pidieron restituir derechos a personas despojadas de su nacionalidad y reabrir organizaciones civiles, medios independientes, universidades e instituciones religiosas clausuradas.
Las entidades internacionales advirtieron, además, sobre la persecución de ciudadanos nicaragüenses fuera del país mediante vigilancia, amenazas, hostigamiento y actos de violencia contra exiliados, familiares y organizaciones que los acompañan.
El grupo ministerial deberá definir ahora qué medidas recomendará a los cancilleres de la OEA y si logra establecer una vía de diálogo con Managua antes de que venza el plazo de 60 días previsto en la resolución.
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