Investigan a un agente de tránsito de Córdoba por atacar a tiros una casa por una presunta deuda

Un menor resultó herido luego de que dos personas en moto abrieran fuego. Minutos antes, una mujer se había presentado en la vivienda para exigir el pago de intereses. Sería la esposa del funcionario municipal

Vista posterior de una persona con un chaleco reflectante amarillo con la leyenda Policía Municipal de Tránsito y un taxi amarillo al fondo
La Policía detuvo al inspector de tránsito Eric Gabriel Silva tras un ataque a tiros contra una vivienda en el barrio Patricios Oeste de Córdoba (El Doce.tv)
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La Policía de Córdoba detuvo a un inspector de tránsito municipal, sospechado por haber participado de un ataque a tiros de una casa por el cobro de una deuda informal. El acusado fue suspendido de su puesto mientras avanza el expediente judicial.

El ataque dejó herido a un menor de edad, hijo de la propietaria de la casa. De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, el niño logró ponerse a resguardo dentro del domicilio después de que dos personas se presentaran en una motocicleta y efectuaran varios disparos contra el frente de la vivienda.

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La hipótesis que analiza la Fiscalía apunta a una posible conexión entre los disparos y un préstamo de dinero con intereses. Antes del hecho, una mujer habría exigido el pago de una suma adeudada y habría amenazado a la dueña de la casa. Los investigadores sospechan que esa persona sería la esposa del inspector detenido, identificado como Eric Gabriel “Gori” Silva.

Según informó el portal El Doce.tv, la causa está bajo la órbita del fiscal Andrés Godoy, quien procura determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados. La Justicia intenta ahora establecer si la agresión fue ordenada o ejecutada como parte de una presión para recuperar dinero de un préstamo fuera del sistema financiero formal.

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La Fiscalía deberá precisar cuántos disparos se realizaron, quiénes conducían la motocicleta y de qué manera se vinculan los detenidos con la supuesta deuda. También busca definir si existieron otras personas que hayan intervenido en la planificación o en las amenazas previas.

Tras los disparos, residentes de villa La Tribu salieron detrás de los ocupantes de la motocicleta. Durante esa persecución, se produjo un nuevo episodio de violencia: los sospechosos terminaron baleados y, más tarde, quedaron detenidos por la Policía.

El expediente procura separar las responsabilidades de los distintos hechos ocurridos esa jornada. Por un lado, se investiga el ataque a tiros y la posible relación con la deuda; por otro, deberán analizarse las circunstancias de la persecución y de los disparos que hirieron a los presuntos agresores.

Un patrullero de la Policía de Córdoba blanco, azul y amarillo en primer plano, con un colectivo urbano verde y blanco detrás en una calle de la ciudad.
La Municipalidad de Córdoba separó de sus funciones a Silva e inició un sumario administrativo de forma preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal línea investigativa sostiene que Silva podría haber prestado servicios para una estructura dedicada a otorgar dinero mediante préstamos con intereses usurarios.

Godoy no descarta que haya nuevas detenciones. Esa posibilidad dependerá de las medidas de prueba que se incorporen y de los resultados de los peritajes, declaraciones y análisis de los antecedentes de los involucrados.

Silva ingresó a la Municipalidad como contratado en 2012 y obtuvo el pase a planta permanente en 2016. Ante el avance de la investigación judicial por el ataque ocurrido en las últimas semanas, la administración local resolvió suspenderlo de sus tareas como inspector de tránsito.

En este contexto, la Municipalidad de Córdoba solicitó a la fiscalía información sobre el caso, abrió un sumario administrativo y dispuso la separación preventiva del agente de su cargo.

Según la información conocida, Silva registra antecedentes penales vinculados con robo y tenencia de armas por hechos de 2019 y 2021, período en el que ya formaba parte ded la planta permanente del gobierno municipal.

La existencia de esos registros también será evaluada dentro de las actuaciones administrativas. El municipio deberá definir qué medidas corresponden de acuerdo con el resultado del sumario y con la evolución del expediente que instruye la fiscalía.

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