
Tras ocho meses prófuga, una mujer, identificada como Abigail Ibarra, fue detenida este jueves en Mar del Plata, acusada de haber participado en el ataque a una repartidora de aplicación, que recibió un disparo en el pecho durante un robo ocurrido en febrero.
La aprehensión se concretó en el barrio Santa Rosa, luego de que investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) establecieran que la sospechosa había vuelto a la zona de Los Acantilados. La mujer quedó a disposición de la Justicia en una causa que también involucra a su pareja.
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El expediente, según informó el portal 0223, investiga un hecho ocurrido el 7 de febrero, cuando una trabajadora de 36 años fue interceptada mientras se encontraba en las inmediaciones de las calles 445 y 46. De acuerdo con la información proporcionada, la víctima forcejeó con los agresores antes de ser baleada y despojada de su teléfono celular.
La pesquisa fue llevada adelante por personal de la Oficina de Judiciales de la DDI, que reunió testimonios y revisó registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo sucedido e identificar a las personas señaladas por el ataque.
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Como resultado de esas tareas, los investigadores determinaron la presunta participación de Exequiel Crespo y Abigail Ibarra en el robo y la agresión contra la repartidora. Crespo fue detenido a comienzos de marzo, mientras que Ibarra logró eludir a la Policía durante los meses siguientes.
El hecho fue encuadrado por la Justicia como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa.
La detención de Ibarra se produjo luego de que el personal policial recibiera información que indicaba que la mujer había regresado al área de Los Acantilados. A partir de ese dato, se desplegaron tareas para establecer su paradero.
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Los agentes finalmente la ubicaron en la calle 443 bis y 54, dentro del barrio Santa Rosa. Allí concretaron su aprehensión.
Tras la detención, el fiscal Carlos Russo dispuso el alojamiento de Ibarra en el complejo penitenciario de Batán, en el marco de la causa que investiga el robo y la tentativa de homicidio.

Cayó un prófugo en Coronel Suárez
Un par de días atrás, la Policía arrestó en Coronel Suárez a Gustavo Edgardo Casali, un hombre que permanecía prófugo desde hacía dos años tras la confirmación definitiva de una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
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El procedimiento se concretó después de que los investigadores detectaran su presencia en esa ciudad bonaerense durante las últimas jornadas. Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Pueblo San José montaron el operativo que permitió localizarlo y detenerlo.
La captura puso fin a una búsqueda iniciada luego de que Casali no fuera encontrado en su domicilio, cuando la Justicia ordenó su detención para ejecutar la sanción. La condena había adquirido firmeza en mayo de 2024, tras una serie de resoluciones de tribunales de distintas instancias.
La orden de arresto fue emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 1. El tribunal intervino una vez que quedó firme la sentencia dictada el 2 de marzo de 2022 contra Casali, a quien también se declaró reincidente.
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El expediente se originó a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda situada sobre avenida Balcarce al 400, en Coronel Suárez. Durante ese procedimiento, los uniformados secuestraron cocaína y otros objetos que luego formaron parte de la investigación judicial.
A partir de las pruebas incorporadas a la causa, Casali fue llevado a juicio y recibió la condena en 2022.
Después de la sentencia de primera instancia, la defensa de Gustavo Edgardo Casali recurrió la decisión ante el Tribunal de Casación. Sin embargo, a mediados de 2022 ese tribunal confirmó la condena y, además, rechazó el planteo para presentar un recurso extraordinario.
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El recorrido judicial continuó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en mayo de 2024 desestimó un recurso de queja. Con ese pronunciamiento, ya no quedaron instancias ordinarias pendientes que pudieran suspender la ejecución de la pena.
De esta manera, la condena quedó firme, más de dos años después de que fuera dictada. La firmeza de la resolución habilitó al tribunal a ordenar el cumplimiento efectivo de la prisión establecida para el condenado.
El 30 de julio de ese año, el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del tribunal bahiense que intervino en el caso, dispuso la detención de Casali. La medida tenía como finalidad que comenzara a cumplir la condena de cuatro años y medio.
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Cuando se intentó concretar la orden judicial, Casali no pudo ser localizado en su domicilio. Desde entonces, quedó registrado como prófugo y se iniciaron las tareas para determinar dónde se encontraba.
La investigación para ubicarlo se extendió durante alrededor de dos años. Según los voceros judiciales, las averiguaciones recientes permitieron establecer que el condenado estaba nuevamente en Coronel Suárez, lo que derivó en la organización del procedimiento policial y culminó con su detención.
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