La situación judicial del futbolista costarricense Carlos Barahona Jiménez, defensor del Club Sport Cartaginés y jugador con experiencia en la Selección Nacional de Costa Rica, se complicó después de que la Fiscalía Adjunta de Heredia anunciara que solicitará prisión preventiva en su contra por su presunta vinculación con una estructura dedicada a otorgar préstamos informales y realizar cobros mediante amenazas e intimidaciones.
El Ministerio Público confirmó este jueves 15 de octubre de 2026 que pedirá la misma medida cautelar contra otros tres hombres detenidos durante los operativos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en distintas localidades de Cartago.
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Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Barahona, Artavia, Aguilar y Duarte, quienes son investigados por los presuntos delitos de extorsión cobratoria y legitimación de capitales.
Fiscalía investiga al futbolista por extorsión y legitimación de capitales
Las autoridades judiciales confirmaron que el expediente se tramita bajo el número 26-3327-0059-PE, en el que se investiga la presunta participación de los cuatro detenidos en actividades relacionadas con préstamos informales y cobros extorsivos.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los sospechosos habrían prestado dinero a particulares y posteriormente utilizado mecanismos de intimidación para exigir el pago de las deudas.
Entre las conductas investigadas figuran amenazas, visitas a viviendas, llamadas telefónicas y mensajes dirigidos tanto a los deudores como a sus familiares y conocidos.
Además de la presunta extorsión cobratoria, la Fiscalía confirmó que el grupo también es investigado por el delito de legitimación de capitales, conocido comúnmente como lavado de dinero.
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La investigación contempla la hipótesis de que Barahona habría participado en operaciones relacionadas con dinero de posible origen ilícito, aunque todavía deberán determinarse los hechos concretos y la participación individual de cada sospechoso.
Una víctima habría acumulado una deuda de ₡16 millones
Uno de los detalles más relevantes de la investigación es el monto que habría llegado a adeudar una de las personas afectadas por los préstamos atribuidos al grupo.
Según informó La Nación, una víctima acumuló una deuda de aproximadamente ₡16 millones (USD 35 mil) como consecuencia de la operación investigada.
De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, Carlos Barahona habría aportado el dinero utilizado para los préstamos, mientras que otros integrantes de la presunta estructura se habrían encargado de exigir los pagos.
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La investigación se originó después de que una persona adquiriera un préstamo en diciembre de 2025 y comenzara a recibir presiones relacionadas con el pago de los intereses.
Posteriormente, en abril de 2026, la víctima presentó una denuncia que permitió iniciar las diligencias policiales.
Las autoridades buscan determinar si los sospechosos actuaron de manera coordinada y cuáles fueron las funciones específicas de cada uno dentro de las presuntas operaciones de financiamiento y cobro.
La participación atribuida a Barahona como supuesto proveedor del dinero forma parte de la hipótesis de investigación y todavía no ha sido establecida judicialmente.
¿Qué significa la solicitud de prisión preventiva?
La decisión de la Fiscalía Adjunta de Heredia busca que el Juzgado Penal valore la posibilidad de mantener privados de libertad a los cuatro investigados mientras avanza el procedimiento penal.
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La prisión preventiva es una medida cautelar, no una condena, y su aplicación requiere una resolución judicial fundamentada.
Para imponerla, el tribunal debe valorar los requisitos previstos por la legislación costarricense, incluida la existencia de elementos que sustenten la investigación y riesgos procesales que justifiquen la medida.
Entre los aspectos que pueden analizarse se encuentran el peligro de fuga, la posible obstaculización de la investigación y otros supuestos contemplados en la ley.
Sin embargo, el Ministerio Público no detalló públicamente cuáles de esos riesgos invocará específicamente contra Barahona y los demás sospechosos.
El juez también podrá analizar otras medidas cautelares si considera que resultan suficientes para atender los riesgos acreditados.
La investigación comprende hechos denunciados desde abril de 2026 y continúa abierta.
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