Pidieron llevar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de alterar las inscripciones de nacimiento de dos mujeres

La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron enviar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de haber intervenido en la inscripción de dos mujeres con filiaciones falsas. El foco de la investigación recayó en dos certificados médicos con datos presuntamente falsos para registrar nacimientos ocurridos en 1981 y 1982.

La principal acusada fue identificada como Olga Concepción Artale de Silva, quien fue procesada sin prisión preventiva por los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.

De acuerdo con la acusación, su firma en “certificados de nacido vivo” habría permitido que dos recién nacidas fueran anotadas en el Registro Civil como hijas biológicas de familias que las criaron, pese a que no existía ese vínculo.

La investigación comenzó con las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes en 2022 y 2023 acudieron a la Justicia Federal tras conocer que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus padres en sus respectivas partidas de nacimiento.

Aunque los expedientes se tramitaron inicialmente por separado, terminaron por ser acumulados por la coincidencia de la médica investigada. Desde ese momento, la investigación quedó a cargo de la fiscal federal Soledad García y del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Según reconstruyó el sitio Fiscales, el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó tomar muestras biológicas de las denunciantes y de las personas registradas como sus progenitores para verificar los planteos. Así, el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervinieron en ese procedimiento.

Fue así que los análisis realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) determinaron que no había vínculo biológico entre las dos mujeres y sus respectivos padres de crianza. Por este motivo, la causa continuó su curso.

Alzugaray fue criada en Maciel por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Según su denuncia, desde pequeña sabía que no era hija biológica de la pareja, aunque su partida consignaba lo contrario. El documento indicaba que había nacido el 11 de junio de 1981 y llevaba la certificación de Artale de Silva.

La mujer relató que su padre de crianza le había contado que el contacto para su entrega se produjo a través de una hermana de la obstetra, conocida de Ceresole. También señaló que fue entregada a la familia en una vivienda de la calle Richieri al 2000, en Rosario.

Durante su búsqueda de origen, que se extendió por cerca de 30 años, Alzugaray tomó contacto con Lobos. Esta última había advertido en su adultez que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos, quienes figuraban como sus padres en la documentación oficial.

En la partida de Lobos se asentó que nació el 5 de agosto de 1982 y se consignó una filiación que luego fue descartada por los estudios genéticos. Según la hipótesis fiscal, la obstetra habría entregado certificados de nacido vivo firmados que fueron utilizados para inscribir a ambas niñas en el Registro Civil.

A partir de esto, Artale de Silva fue convocada a indagatoria en mayo de 2025 por el caso de Lobos, pero se negó a declarar. Alegó entonces padecer olvidos involuntarios y un déficit de memoria que vinculó con un accidente laboral antiguo y un traumatismo reciente.

Una primera evaluación del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario concluyó que la profesional tenía un deterioro cognitivo que le impedía comprender el trámite judicial. Sin embargo, la querella cuestionó el informe porque no definía si el cuadro era transitorio o permanente.

En ese momento, el juzgado suspendió el proceso en diciembre de 2025 y ordenó una nueva evaluación. Para marzo de 2026, un segundo examen concluyó que la imputada presentaba un “deterioro cognitivo leve”, pero que conservaba las condiciones para comprender las implicancias de la causa penal.

El 2 de julio de 2026, el juez Vera Barros le recibió declaración indagatoria por el caso de Alzugaray. Un mes después, el 3 de agosto, dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

En esa resolución, el magistrado sostuvo que la conducta atribuida a la médica “excede una mera irregularidad administrativa”, ya que habría dado apariencia legal a filiaciones falsas a través de documentos públicos con efectos jurídicos permanentes.

A pesar de que consideró que su intervención habría sido determinante para que las inscripciones fueran asentadas y se afectara la identidad de las dos mujeres, el juez mantuvo la libertad ambulatoria de Artale de Silva al considerar que no se modificaron los riesgos procesales que pudieran justificar una prisión preventiva.

La Fiscalía busca identificar a las posibles madres biológicas de las denunciantes

Mientras la causa se encamina al juicio, la Unidad Fiscal Rosario solicitó la colaboración de la ciudadanía y de los medios para reunir información que permita identificar o localizar a las posibles madres biológicas de Lobos y Alzugaray.

La convocatoria está dirigida, en particular, a mujeres que hayan dado a luz en fechas cercanas a las consignadas en las partidas de nacimiento de las denunciantes y que puedan aportar datos relevantes para la investigación.

Ambas causas tramitan en el Área de Casos Complejos, dentro de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas. Quienes cuenten con información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar, donde recibirán orientación del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.