Le robó la billetera a una compañera de trabajo y realizó compras con las tarjetas en Tucumán

Una mujer acusó a una compañera de trabajo de haberle robado la billetera y de utilizar luego sus tarjetas de crédito y débito para hacer compras. La sospechosa, una abogada de 43 años, fue aprehendida este martes en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho se habría producido el 18 de septiembre, cerca de las 10.30, en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y avenida Sarmiento. La sospechosa habría ingresado al edificio con el argumento de solicitar una entrevista con el director del área, según Contexto Tucumán.

Mientras era atendida por personal del lugar habría aprovechado un descuido para tomar una billetera guardada dentro de una mochila. En su interior había documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas de crédito y débito de distintas entidades bancarias.

La pesquisa detectó, hasta el momento, consumos por $49.066,71 y $20.550, además de una compra de $23.000 en un comercio gastronómico y otra de $50.605,54 en una farmacia. Las operaciones suman $143.222,25 y serán analizadas junto con registros de cámaras de seguridad, comprobantes y datos de los comercios involucrados.

En ese contexto, la Policía intervino en la zona de la avenida Sarmiento y la calle España tras recibir un aviso de transeúntes sobre una aprehensión civil. Cuando los efectivos llegaron, entrevistaron a la víctima, quien señaló a la mujer retenida como la compañera de trabajo a la que atribuía el robo de su billetera y el uso posterior de sus tarjetas.

Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron entre las pertenencias de la sospechosa los plásticos de la denunciante. La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Quinta.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Estafa, Usurpación y Cibercriminalidad del Centro Judicial Capital. La imputada recibió arresto domiciliario por 30 días. La medida fue dispuesta mientras la Fiscalía continúa con la investigación para precisar el recorrido de las tarjetas, identificar los comercios donde se habrían efectuado las compras y reunir registros de cámaras de seguridad y comprobantes de las operaciones.

Una docente fue detenida por comprar con la tarjeta de una colega

Una docente de 33 años fue detenida en Oberá, Misiones, acusada de sustraer la tarjeta de débito de una compañera de trabajo y realizar compras. La investigación se inició luego de que la víctima, de 25 años y también trabajadora de la misma institución educativa, detectara consumos bancarios que no reconocía.

El episodio ocurrió en el Instituto Privado Mariano de Oberá. La maniobra bajo investigación se habría producido el 5 de mayo, cuando la acusada habría tomado el plástico de su compañera y efectuado distintos pagos en comercios de la ciudad.

La pesquisa identificó tres gastos que sumaron $309.000: el primero fue de $62.000 en una estación de servicio; el segundo, de $ 226.000 en un supermercado; y el tercero, de $21.000 en otro comercio local.

Los consumos desconocidos llevaron a la víctima a presentar una denuncia y dieron paso a una investigación policial. Los investigadores analizaron los horarios de las transacciones y relevaron imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los locales donde se habrían realizado las compras.

Ese material audiovisual permitió comparar la secuencia de los movimientos bancarios con la presencia de la sospechosa en los comercios. El expediente también incorporó el análisis de registros electrónicos y el cruce de información sobre las operaciones efectuadas con la tarjeta de débito.

Con esos elementos, el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá ordenó la detención de la docente. La mujer fue arrestada cuando salía de la escuela en la que trabajaba junto con la denunciante. La acusada quedó alojada en la Seccional Segunda de Oberá mientras avanza la causa, en la que es investigada por presunto robo y defraudación.

En paralelo a la investigación judicial, las autoridades del Instituto Privado Mariano iniciaron un sumario interno para determinar si correspondían medidas administrativas. Ese proceso apunta a establecer eventuales responsabilidades dentro del establecimiento, mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas en torno a los gastos denunciados.