
Previo a definirse los detalles del juicio que se celebrará por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, este miércoles se conoció que otro de los acusados por encubrimiento fue beneficiado con el arresto domiciliario.
La jueza Jimena Suárez que resolvió que Jorge “Chicho” Díaz podrá esperar la instancia oral desde su casa. Asimismo, se dictaminó que el acusado deberá pagar una caución de $20 millones para acceder a la medida.
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Díaz está procesado por presunto encubrimiento junto con Justina Gordillo, funcionaria judicial y ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del crimen. Ambos recibieron el beneficio de cumplir la prisión preventiva en sus domicilios, aunque bajo distintas condiciones económicas.
Aunque el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia se opusieron al pedido, el defensor Juan Pablo Bello planteó ante el tribunal de Impugnación que no existían riesgos de fuga ni elementos que permitieran suponer que su asistido podía obstaculizar la investigación.

Sin embargo, Suárez resolvió concederle la prisión domiciliaria y fijó una garantía de $20 millones, una cifra menor a la que se había dispuesto para Gordillo. En el caso de la funcionaria judicial, se le había impuesto una caución de $30 millones y el uso de una tobillera electrónica para ser monitoreada.
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Luego de que concluyera la audiencia, Bello indicó que la situación económica de su defendido no era la mejor. “Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, planteó.
De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, la causa avanza mientras se desarrollan las audiencias preparatorias para el juicio oral. Aunque todavía no hay juzgado ni fecha establecida, se cree que la realización podría quedar definida antes de fin de año.
Por el mismo expediente, Nicolás Navarro Flores, allegado a Sosa, aceptó una pena de tres años de prisión a través de un juicio abreviado. La defensa estuvo a cargo de Patricio Char y Candelaria Hernández.
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La investigación establece que los tres imputados habrían realizado distintas maniobras para encubrir el crimen de Álvarez, asesinada el 7 de enero en una vivienda de la localidad tucumana de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado después en un descampado de Manantial Sur.
En las audiencias previas al debate oral surgieron dos novedades. Por un planteo del abogado Marcelo Cosciansi, defensor del principal acusado, se resolvió apartar a los hermanos de Álvarez del reclamo civil.
La decisión podría reducir en un 50% el pedido de resarcimiento, que inicialmente ascendía a $500 millones. Además, según lo expuesto durante los debates, Sosa habría reconocido que trasladó y abandonó el cuerpo de la joven. La explicación atribuida al imputado es que actuó por temor a represalias de una persona a la que vinculó con la víctima.
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Sin embargo, se espera que las audiencias preparatorias continúen este jueves, en donde se buscará definir las pruebas y los planteos que llegarán al juicio oral.
Los detalles del caso
Según la reconstrucción fiscal, Sosa habría asesinado a Érika durante la madrugada del 7 de enero de 2026. La joven sufrió agresiones físicas que le provocaron traumatismos cráneofaciales y cervicales. No obstante, la investigación no comenzó hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un basural.
En su declaración judicial, Nicolás Navarro Flores relató que Sosa lo llamó de urgencia a las 6.50. “Se me clavó una chica”, le habría dicho antes de pedirle que fuera a su casa de Santo Domingo al 1100.
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Fue así que Navarro llegó cerca de las 9 y encontró a Sosa nervioso, con una pala y junto a un cuerpo dentro de la vivienda. El entonces testigo afirmó que no reconoció a la víctima ni llegó a ver su rostro. Además, describió una secuencia que, según la Fiscalía, formó parte de un plan para retirar el cuerpo durante la mañana.
Por otro lado, la reconstrucción del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) indicó que el recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok habría buscado evitar calles y sectores con cámaras de seguridad. No obstante, las imágenes disponibles permitieron establecer parte del trayecto hasta el basural de Manantial Sur.
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A las 10.33, una cámara registró a una persona que colocaba una bolsa de la camioneta frente a la vivienda. El vehículo quedó fuera de los registros durante casi 23 minutos. Para los investigadores, en ese lapso Sosa habría rodeado el inmueble e ingresado por la calle Guyanas, una vía con menor cobertura de videovigilancia, para cargar el cuerpo en la parte posterior.
La Amarok volvió a aparecer frente a la casa a las 10.57. Luego fue detectada a las 11.09 en la avenida Mate de Luna, a las 11.37 en el cruce de las avenidas Colón y Roca y, diez minutos después, ingresó a Manantial Sur.
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Según la pesquisa, permaneció brevemente en el sector donde más tarde fue hallado el cuerpo de Álvarez. Los investigadores estimaron que el abandono habría demandado entre 10 y 15 minutos. Asimismo, las cámaras también registraron el regreso del vehículo: a las 12.08 fue visto en el Camino de Sirga y a las 12.11 en la avenida Aconquija, antes de retornar a las cercanías del domicilio de Sosa.
Con esos registros y el relato de Navarro, la Fiscalía reconstruyó los movimientos atribuidos al acusado durante la mañana del hecho. La imputación contra el hombre sostiene que habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros, con el propósito de favorecer la impunidad y dificultar el avance de la investigación.
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