Es ginecólogo, está preso por abuso sexual y acordó pagar $30 millones a otra víctima para evitar un segundo juicio

El ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse, condenado a siete años de prisión por abusar sexualmente de una paciente y señalado por otras mujeres por hechos similares, debía enfrentar esta semana un nuevo juicio por abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, antes de que comenzara el debate, su defensa y la querella que representa a la víctima presentaron un acuerdo de reparación integral que contempla, entre otros puntos, el pago de 30 millones de pesos.

El Tribunal resolvió homologar el convenio pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N°294, fechada el 14 de septiembre, a la que accedió Infobae. Allí, los jueces Oscar Ignacio Dubrez, Joaquín J. Sebastián Romero y Ana del Carmen Figueredo hicieron especial hincapié en la voluntad de la víctima y explicaron por qué consideraron procedente la reparación aun cuando la Fiscalía pretendía continuar con el proceso.

Uno de los puntos centrales para entender el acuerdo está en qué cambió desde que la mujer decidió denunciar a Dahse hasta ahora. Es que, en aquel momento, la situación judicial del ginecólogo era otra. Hoy está detenido en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Corrientes, cumpliendo una condena de siete años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante de otra paciente y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Frente a ese escenario, la víctima decidió aceptar una reparación por el daño que le generó no solo el hecho denunciado, sino también haber atravesado el proceso judicial y exponerse de la forma en que lo hizo.

La resolución señala que la denunciante, actualmente de 38 años, compareció de manera telemática, fue escuchada por el Tribunal y contó con asistencia letrada. Los magistrados dejaron asentado que prestó su “consentimiento libre e informado” y manifestó expresamente su voluntad de arribar a una solución reparatoria.

Tras la audiencia, su abogada, Sofía Domínguez Briceño, explicó públicamente los alcances de esa decisión. “No borra todo lo sufrido por la víctima, ni nada lo va a hacer, ni siquiera la pena; pero sí va a colaborar con las condiciones materiales de la mujer”, que es madre de una niña.

La letrada también explicó que su representada tuvo en cuenta que Dahse ya está preso y no podrá volver a ejercer la medicina. Desde la querella consideraron, además, que una nueva pena de prisión no necesariamente implicaría para ella una reparación mayor y buscaron que el acuerdo tuviera también una dimensión social.

Ese razonamiento coincide con uno de los principales fundamentos utilizados por los jueces. “El mayor daño que puede provocar el Estado a una víctima no es prescindir de la sanción penal retributiva, sino negarse a escuchar su voz y obligarla a sostener un proceso penal prolongado contra su expresa voluntad”, señalaron.

Y agregaron: “Forzar a una víctima adulta, plenamente capacitada y asesorada por su representación querellante, a someterse al trauma del debate público, a la re exposición de los hechos y al escrutinio probatorio, constituye un supuesto manifiesto de revictimización secundaria”.

El pago de $30 millones y el rechazo de la Fiscalía

El acuerdo establece que Dahse deberá realizar un pago único de $30 millones dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la resolución homologatoria.

También deberá entregar una serie de bienes destinados al dispositivo CAACs Corrientes 1 “Hormiguero”-Vientos de Libertad MTE, como componente social y comunitario de la reparación, en un plazo máximo de 30 días corridos, y afrontar la totalidad de las costas procesales.

El expediente todavía no está cerrado. El Tribunal suspendió la extinción de la acción penal y el dictado del sobreseimiento hasta que se acredite el cumplimiento íntegro de esas obligaciones. Una vez comprobado, deberá dictarse “de inmediato” el sobreseimiento definitivo de Dahse.

El Ministerio Público Fiscal se opuso al acuerdo y pretendió que el proceso continuara. Sin embargo, los jueces rechazaron esa postura al considerar que carecía de “razonabilidad sustancial”, violaba el principio de coherencia institucional y desatendía “la libre voluntad de la víctima”.

Uno de los argumentos de la Fiscalía estaba relacionado con la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que prohíbe las instancias de mediación y conciliación en procesos vinculados con hechos de violencia de género.

El Tribunal entendió que esos mecanismos no pueden equipararse con una reparación integral. “La reparación integral del daño (...) no constituye una mediación ni una conciliación, sino un acto jurídico compositivo de satisfacción objetiva de los perjuicios derivados del delito”, sostuvo.

Además, remarcó que la víctima no negoció personalmente con Dahse: el acuerdo fue llevado adelante por las representaciones legales y, según los jueces, se garantizó que estuviera asesorada y pudiera decidir libremente.

El fallo también cuestionó la “incoherencia institucional” de la Fiscalía y citó otro expediente por abuso sexual con acceso carnal en el que el Ministerio Público había consentido la extinción de la acción penal por el paso del tiempo.

Los magistrados consideraron contradictorio aceptar el cierre de aquel expediente por las demoras del sistema judicial y oponerse en este caso, donde era la propia víctima quien pedía terminar el proceso mediante una reparación.

La condena que Dahse ya cumple

El acuerdo no modifica la condena por la que Dahse se encuentra detenido.

En abril pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la pena de siete años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina que había recibido por el abuso sexual gravemente ultrajante de otra paciente.

El caso había adquirido fuerte repercusión a partir de octubre de 2021, cuando comenzaron a conocerse públicamente las acusaciones contra el ginecólogo. Con el correr de las semanas aparecieron relatos de otras mujeres sobre situaciones ocurridas durante consultas médicas y episodios que, en algunos casos, se remontaban varios años atrás.

Según la reconstrucción judicial, hubo al menos 18 denuncias contra el médico, con testimonios que describían patrones similares, entre ellos el aprovechamiento de la relación profesional y, en algunos casos, el uso de anestesia.

La causa que ahora quedó encaminada hacia su cierre mediante la reparación integral corresponde a un hecho ocurrido en 2008.