Pagó $700.000 por un traslado policial en Salta: imputaron a una agente y a un hombre por estafa y extorsión

Un hombre y una agente de la Policía de Salta fueron imputados por estafa y extorsión vinculadas con la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. La denuncia fue presentada por una integrante de la institución que aseguró haber entregado dinero por un cambio de destino que nunca se concretó.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, les atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos de estafa y extorsión. En el caso de la agente, la acusación incorpora además el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de una mujer que presta servicios en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. De acuerdo con su relato, una compañera le facilitó el número de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentada como alguien con vínculos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para intervenir en el cambio de destino.

El contacto le habría pedido $700.000 para poner en marcha el supuesto trámite. La mujer transfirió $200.000 y luego $500.000 a una cuenta bancaria a nombre de uno de los imputados. Sin embargo, el cambio de destino nunca se produjo.

Ante la falta de resultados, la denunciante habría decidido desistir de la gestión. Según su relato, entonces le exigieron $250.000 para cancelarla. Como parte de ese nuevo reclamo, realizó dos transferencias de $100.000 cada una, por lo que abonó $200.000.

De acuerdo con la denuncia, las exigencias continuaron después de esos pagos. Le habrían advertido que la supuesta deuda aumentaría si no completaba el monto reclamado y, entre otros pedidos, le exigieron el equivalente al 35% de su sueldo, unos $350.000.

Para la Fiscalía, el dinero entregado por la promesa de un traslado sustenta la imputación por estafa. Los reclamos posteriores y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda fundamentan la acusación por extorsión.

Al no concretarse el trámite, la denunciante hizo averiguaciones sobre el número desde el que se realizaban las gestiones. Esa información habría permitido relacionar la línea con la agente que le había facilitado el contacto. A partir de allí, la investigación avanzó sobre los intercambios de mensajes, los registros digitales, la documentación bancaria y los movimientos de las cuentas involucradas.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agente habría empleado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que poseía contactos en áreas administrativas de la institución capaces de conseguir traslados a cambio de dinero. Esa es una hipótesis de investigación que deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

De acuerdo con los informes incorporados, la cuenta que recibió las transferencias de la denunciante pertenecía al otro acusado. Luego, esos fondos habrían sido derivados a una cuenta de la agente policial. Ese circuito financiero es uno de los elementos que, según la Fiscalía, conecta a los dos imputados con la maniobra denunciada.

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía de Rosario de Lerma, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con ambos imputados. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana.

La información oficial indicó que las diligencias arrojaron resultados positivos para la pesquisa, aunque no detalló qué elementos fueron secuestrados ni si a partir de esos operativos surgieron nuevas medidas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los dispositivos y los movimientos bancarios incorporados al expediente.