Aumentaron las muertes por enfermedades en las cárceles de Argentina: los números y las razones del fenómeno

En la Argentina de 2026, morir en la cárcel no se trata de puñaladas entre detenidos. Los fallecimientos por causas naturales aumentan en las prisiones argentinas, según recientes informes de la Comisión Provincial de la Memoria -el organismo de control oficial de los sistemas de encierro de la provincia de Buenos Aires- y la Procuraduría de Violencia Institucional, que supervisa desde el MPF al Servicio Penitenciario Federal.

En 2025, se registraron 224 muertes en las prisiones y alcaidías bonaerenses, según reportó la CPM en su último estudio internaual: 203 fueron por problemas de salud. En su informe previo, la CPM había contado 218 muertes en el sistema provincial en 2024: 194 se debieron a enfermedades y otras patologías. En 2023, se registraron 133 muertes por esta causa.

De vuelta a las muertes naturales, según la CPM, los “problemas de salud no asistidos representan el mayor porcentaje sobre el total, 9 de cada 10 casos”. Los principales focos son los complejos de Olmos, con 51 casos, La Plata y Florencio Varela.

Las causas principales de estas muertes son las enfermedades respiratorias y la tuberculosis, en aumento en la Argentina, con 76 casos entre ambos, casi un 38 por ciento del total. Hubo 49 casos de fallecimiento por cáncer y condiciones cardíacas.

El tiempo de encarcelamiento es otro factor notable entre las muertes. En la mayoría de los casos, los fallecidos estuvieron detenidos un año o menos -42,9% de los casos- y entre 2 y 3 años, un 22,7%.

La edad es notable también. Uno podría pensar en una población penitenciaria de larga data que muere, presos de largo tiempo en el sistema. 17 detenidos muertos tenían de 31 a 40 años. 16, de 41 a 50. Todos llevaban un año o menos en prisión.

Mientras tanto, los suicidios en prisiones de la provincia de Buenos Aires tuvieron un descenso notable. Hubo 13 casos en 2025, contra 21 del año previo; cinco de estos 13 casos se produjeron en sectores de aislamiento. La tasa de homicidios de presos -que se encuentra en descenso hace años- se mantuvo idéntica al año 2024, con cuatro hechos; en uno de los casos, el presunto asesino fue un oficial penitenciario.

Qué pasa en las cárceles federales

El sistema del SPF, que incluye los penales de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz, con detenidos generalmente de mayor peligrosidad que el bonaerense -capos narco, para empezar-, es de una dimensión mucho menor en cuanto a detenidos, con 11 mil detenidos en 2024 según el Ministerio de Justicia -y 12 mil personas en su nómina, entre efectivos penitenciarios y personal civil-, contra 55 mil detenidos bonaerenses ese año.

La PROCUVIN informó este mes que, durante el primer semestre de 2026 se registraron 26 muertes; solo diez del total tenían condena firme. 14 ocurrieron en el complejo del penal de Ezeiza. Siete de ellos eran extranjeros.

17 de estas personas murieron por enfermedades, con 6 en la lista por patologías infecciosas. Sin embargo, para la inmensa mayoría -15 de 17-, el lugar de la muerte no fue la celda, sino un hospital extramuros. El promedio de edad en las muertes por enfermedad, al contrario del SPB, era de 57 años.

La coincidencia sorprende con respecto al tiempo de encierro: once de los fallecidos llevaban un año o menos en prisión.

En 2025, durante el primer semestre del año, se contaron 22 muertes, 16 por enfermedades. El promedio de edad de los presos fallecidos descendió en este año: solo tres de estos presos llevaba un año o menos de encierro.

Los motivos: el caso Luis Tobal

El hacinamiento y la falta de recursos y acceso a tratamientos de salud es un factor histórico. La CPM desarrolla en su informe el caso de Luis Tobal, detenido en el penal psiquiátrico de Melchor Romero, en una celda con ventana sin vidrio, atravesada por humedad, entre cucarachas y piojos en el colchón, y con una letrina tapada. Tobal sufría una patología hepática, entre otras afecciones, además de un cuadro de salud mental. El 13 de octubre de 2024, la CPM presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Ejecución N° 1 de Mercedes, para que se le garantice tratamiento en un hospital. La jueza dio lugar a la medida. Las cosas, más o menos, no cambiaron. Tobal murió en junio siguiente. Tenía, entre otras cosas, cirrosis y hepatitis C. Al final, no podía moverse por sí mismo, mucho menos ir al baño sin ayuda.

La CPM revisó su historia clínica. “Se identifican saltos cronológicos en los registros por lo cual no es posible reconstruir la trayectoria en la atención de salud integral. Además, varias evoluciones resultan ilegibles y se constató que en una de las hojas del documento hay un dibujo obsceno y burlesco”, asegura el informe. La Justicia decidió investigar su muerte, con una causa a cargo del fiscal platense Martín Almirón.

Hoy, se suman dos factores en el análisis, que diversos funcionarios notan: las adicciones previas de los detenidos, así como su pobreza, su estado de indigencia en muchos casos. “Vienen cada vez peor a los penales”, asegura una alta fuente penitenciaria. El tiempo previo en comisarías antes del traslado -con meses en celdas sobrepobladas y sin recursos básicos o personal entrenado para un encierro prolongado- es otro factor determinante, una marca de desgaste.