Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

Albertina Mangini fue la llave que permitió a una organización criminal acceder a los datos biométricos de personas vulnerables, gracias a su trabajo en el Patronato de Liberados, el ente público bonaerense que acompaña y controla a las personas que salieron de prisión, es decir, ex presos. Al menos, así lo cree la fiscal de La Plata Betina Lacki que la indagó por los delitos de asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de dinero.

Según una investigación del Departamento Delitos Fiscales de la PFA que comenzó en abril, ofrecía 80 mil pesos por la entrega del documento, sacarse unas fotos y permitir el escaneo del iris. Con esa información, abrían cuentas en bancos y billeteras virtuales por la que movieron unos de 27 mil millones de pesos, principalmente, del juego clandestino.

Fuentes del caso indicaron que la causa comenzó con la declaración de una empleada de limpieza de la entidad que, según su versión, recibió 40 mil pesos por “la lectura del iris”. “Le habían prometido 40 más, como no se lo pagaron, reclamó y le volvieron a sacar los datos para abrir dos cuentas más. Hizo la denuncia por la apertura de cuentas y destapó la olla”, indicaron.

Los testigos hablaron de “filas” en la oficina ubicada en La Plata para cobrar los 80 mil pesos en mano que ofrecía la banda. “Eran ex presos, familiares de presos, personas muy vulnerables. Buscaban que estuvieran limpos patriomonialmente en Arca, es decir, que no tengan deudas ni compromisos”, agregaron.

Mangini es abogada, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata y cumplió 44 años en julio. Hace 17, es funcionaria del Poder Judicial de la provincia.

Trabaja para el Ministerio Público, a cargo del procurador Julio Conte Grand y, según su LinkedIn ostentaba el cargo de secretaria letrada desde 2014. Sin embargo, el Patronato de Liberados depende del Ministerio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena.

En ese sentido, desde el gobierno de Axel Kicillof quisieron dejar claro que “no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrárica ni laboral con el Ministerio de Justicia”.

“Ella trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General, dentro del Patronato de Liberados, en la cual tenía acceso a la información de las personas liberadas y condenadas”, indicaron.

Mangini fue allanada en abril y detenida en un segundo procedimiento llevado adelante días atrás. Se negó a declarar.

La causa tiene más ribetes. En el operativo llevado adelante en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, los federales arrestaron a otro supuesto integrante de la red que, a su vez, está vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones, a través de 16 clubes de fútbol.

Se trata de Ignacio Leonel Marchioni, de 32 años de edad, a quien le secuestraron un BMW M240i xDrive, un auto de alta gama cuyo valor ronda entre los $90.450.000 y los $118.665.000, según el año. Trabajó en una tienda de deportes platense y en una compañía de venta de electrodomésticos.

En su casa encontraron una Glock y dólares que fueron incautados. Los investigadores remarcaron que Marchioni ostentaba una vida de lujo, pero, su nivel económico es de clase media. “Vendía un estatus que no tiene para atraer a potenciales inversores”, señalaron. En el sistema financiero registra a su nombre una deuda de más de 14 millones de pesos.

Marchioni aparece involucrado por escuchas telefónicas y otras evidencias. De acuerdo al expediente, su rol era vital: era a quién se le confiaba el dinero ilícito para “mover” en las cuentas fantasma. “Es la persona que tenía los contactos, un oportunista que ve el ´negocio´ y conecta los puntos", describieron. En su caso, su defensa presentó un escritó en el que se despega de los hechos investigados.

La funcionaria judicial y el financista permanecen alojados en dependencias de la policía bonaerense en La Plata, al igual que el tercer detenido, el marplatense Mauro Perrotta quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertasa nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización.

En el caso hay otras personas involucradas que no fueron arrestadas, pero están siendo investigadas al igual que otros posibles lazos de la banda.