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Se entregó la dueña del geriátrico clandestino de Santa Fe que destapó una trama de maltrato y abandono

Luego de que los adultos mayores fueran rescatados, la principal sospechosa será imputada el viernes. Todo salió a la luz luego de que uno de los residentes iniciara un incendio intencional “para llamar la atención”

Las víctimas fueron rescatadas y enviadas a otro geriátrico por orden municipal
Las víctimas fueron rescatadas y enviadas a otro geriátrico por orden municipal
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Después de haber permanecido casi una semana prófuga, la dueña del asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte se entregó este martes ante la Justicia de Santa Fe. El caso está bajo investigación desde el 29 de julio, cuando un incendio intencional en el geriátrico ilegal expuso las condiciones deplorables en las que vivían sus residentes.

La responsable del asilo, cuya identidad no fue revelada, se presentó de manera voluntaria en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a su abogado, Claudio Torres del Sel. De esta manera, la mujer quedó a disposición de la Justicia.

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A partir de este avance en la causa, está previsto que el próximo viernes se realice la audiencia imputativa en los Tribunales de Santa Fe, bajo la acusación del fiscal Manuel Cecchini y ante la jueza Rosana Carrara. En tanto, un empleado del asilo, identificado por las iniciales R. A. H., permanece detenido desde el miércoles pasado y será imputado este miércoles en una causa por maltrato.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Aire de Santa Fe, el incendio había sido provocado por una de las ocho personas alojadas en el geriátrico. De hecho, el residente reconoció que lo había hecho “para llamar la atención”, ya que “no los alimentaban hacía cuatro días”. Tras darse aviso a las autoridades, los Bomberos Zapadores sofocaron las llamas sin que se reportaran heridos graves.

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La dueña del geriátrico será imputada este viernes
La dueña del geriátrico será imputada este viernes

“Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés”, relató Héctor sobre el engaño que sufrió. Asimismo, se conoció que cada uno de los residentes pagaba una suma mensual de 300.000 pesos, la cual era retirada de las tarjetas de cobro de los jubilados por los encargados.

En línea con esto, otro de los adultos alojados en el asilo, llamado Miguel Ángel, contó que le habían sacado la tarjeta de cobro. Por su parte, Luis César Arriola, de 80 años, denunció haber vivido dos años sin documentación y sin poder comunicarse con el exterior. “Me tienen secuestrado”, aseveró, tras señalar que “hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada”.

A pesar de esto, la versión que conocían los vecinos habría sido completamente diferente. Según relató un hombre, su hija le había prestado dinero a uno de los empleados para que pudiera comprar alimentos y recursos para los residentes.

“Es muy feo todo, son abuelos que no tienen recursos para sobrevivir”, lamentó el hombre al identificar a Ricardo como el empleado que “salía a hacer las compras, los cuidaba y hasta los bañaba cuando hacía falta”.

La habitación en donde vivían todos los residentes
La habitación en donde vivían todos los residentes

Luego de que se destapara el infierno que vivían los residentes, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, informó que el municipio ya intervino para asistir a los siete adultos mayores que fueron rescatados del geriátrico ilegal. Actualmente, estas personas permanecen alojadas en la Casa Beata Clara, donde reciben atención integral.

“La Municipalidad sabe que la Justicia tiene una intervención activa. Desde el Ejecutivo nos hicimos cargo de los siete adultos y los tenemos alojados y asistidos en Casa Beata. La situación es de emergencia”, afirmó Mastropaolo.

Además, el funcionario público aseguró que el municipio colaborará con la investigación judicial y proveerá toda la información y pruebas requeridas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Respecto a la demora en conocerse la situación, Matropaolo explicó que no había sido posible auditar el lugar, debido a que nunca existió un pedido de habilitación y entendían que se trataba de una casa privada. “Quiero ser claro: lo que es ilegal e irregular, salvo denuncias de vecinos, para nosotros es un domicilio privado. Nosotros no podemos entrar a una casa, no tenemos esa potestad; debe haber una intervención para poder actuar”, aclaró.

Por el momento, el caso sigue bajo investigación. No obstante, las imágenes que se captaron postincendio revelaron que los adultos mayores vivían hacinados en una habitación, donde había varias camas en estado precario. También contaban con un mobiliario escaso, por lo que sus pertenencias estaban amontonadas.

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