La reforma económica y tributaria de Kast sorteó uno de sus últimos obstáculos en el Parlamento chileno

El Senado chileno aprobó el martes el último artículo pendiente de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la reforma tributaria y económica promovida por el Gobierno de José Antonio Kast, aunque aún resta la discusión de los vetos anunciados por el Ejecutivo y la resolución de los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC).

Con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación, el pleno parlamentario dio luz verde a una fórmula destinada a compensar a los municipios por la rebaja de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años, un mecanismo que generó divisiones en el ámbito municipal.

El artículo establece que la Tesorería General de la República transferirá a cada municipio los recursos necesarios para la compensación, estimados en USD 190 millones, que las arcas locales dejarán de percibir por concepto de contribuciones. La propuesta del Gobierno contempla que USD 110 millones se destinen al Fondo Común Municipal (FCM) y USD 80 millones se reintegren directamente a cada comuna.

Durante el debate, alcaldes de oposición e independientes solicitaron que la totalidad de los recursos se dirija al FCM, exigiendo una distribución focalizada según las necesidades de cada comuna.

Los vetos anunciados por el Gobierno chileno buscan corregir o eliminar tres indicaciones incorporadas por la oposición durante el trámite legislativo: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para pequeñas y medianas empresas.

El veto es una atribución del Ejecutivo que obliga al Congreso a revisar nuevamente las observaciones formuladas por el presidente. Solo después de que ambas Cámaras se pronuncien sobre estos cambios, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad.

Esta medida sumaría al menos una semana más de debate parlamentario, mientras el Tribunal Constitucional (TC) debe resolver la admisibilidad de los recursos presentados por la oposición, que impugnan distintos aspectos de la iniciativa, como la invariabilidad tributaria, por entender que podría vulnerar la Carta Fundamental del país.

El eje central del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%. Además, la reforma contempla la exención del IVA en la compra de viviendas, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y una controvertida garantía de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, advirtió que el proyecto genera “un impacto fiscal neto negativo”. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la reforma como un plan ambicioso que exigirá esfuerzos adicionales para “alcanzar las metas de déficit y deuda”.

“Entendemos que hay diferencias políticas en el tema tributario, es entendible, pero la ciudadanía tomó una decisión cuando nos eligió como gobierno”, aseguró Kast en declaraciones a los medios el pasado 16 de julio. “Nosotros estamos convencidos que esta reforma, en temas tributarios, en temas de inversión, en temas de regulación ambiental, va a colaborar a que haya más inversión en Chile”, subrayó Kast.

El Ejecutivo considera fundamental la aprobación del proyecto para reactivar la economía, elevar el crecimiento de Chile del 2,5 % registrado el año pasado hasta el 4 % al final del mandato, reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

El Gobierno aspira a que la reforma quede aprobada antes de septiembre para poder presentar sus primeros presupuestos hacia fin de año.

(Con información de EFE)