Le secuestraron cinco armas al ex juez de San Isidro que había renunciado tras una denuncia por acoso sexual

La investigación contra el ex presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón, sumó un nuevo capítulo.

En las últimas horas se conoció que durante un allanamiento realizado en su vivienda del barrio El Cazador, en Escobar, la Justicia secuestró cinco pistolas Glock que el ex magistrado había transferido a nombre de uno de sus hijos, en el marco de la causa en la que está imputado por presunto acoso sexual y laboral contra una ex funcionaria judicial.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la investigación, la medida fue ordenada luego de que la fiscalía detectara que García Maañón no había entregado la totalidad de las armas registradas a su nombre cuando fue intimado por la Justicia. De las 19 que figuraban a su nombre, solo obtuvieron ocho y explicó que el resto había sido transferido a terceros.

Pero un informe oficial permitió establecer que al menos cinco de ellas habían sido cedidas a su hijo Juliano, quien reside en el mismo domicilio, de acuerdo a lo mencionado por la misma fuente. Esa circunstancia motivó el pedido de allanamiento y el posterior secuestro del armamento.

La secuencia comenzó con una orden de presentación dispuesta por el entonces juez subrogante Ricardo Costa, quien le exigió al magistrado que entregara todas las armas inscriptas a su nombre. García Maañón presentó solo una parte del arsenal y explicó que el resto ya no estaba en su poder. La información remitida por el entonces Registro Nacional de Armas (RENAR) contradijo la declaración y reveló que cinco pistolas Glock habían sido transferidas a su hijo, con quien convive, por lo que la fiscalía consideró que seguían bajo su esfera de disponibilidad.

Con esos elementos, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty le autorizó el allanamiento al Ministerio Público Fiscal, que se concretó en mayo pasado y permitió el secuestro.

La causa por acoso

El ex juez es investigado desde el año pasado a raíz de la denuncia presentada por una ex secretaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, quien lo acusó de haber ejercido acoso sexual y laboral durante el tiempo en que trabajó bajo su órbita.

Entre otros episodios, la mujer denunció que García Maañón intentó besarla y le realizó tocamientos dentro de su despacho. También relató que, en otra oportunidad, el entonces magistrado extrajo una pistola de un cajón de su escritorio, manipuló el arma y la pasó a escasa distancia de su rostro, una situación que, según declaró, le provocó temor.

Precisamente por ese contexto, la mujer había solicitado que se dispusiera el secuestro de todas las armas registradas a nombre del magistrado y que se lo inhabilitara como legítimo usuario. La Justicia avanzó primero con una orden de presentación y, tras detectar que cinco pistolas habían sido transferidas al hijo del ex juez, ordenó el allanamiento que culminó con su incautación, principalmente para proteger a la víctima, sostuvieron.

García Maañón presentó su renuncia al cargo como presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro mientras avanzaba la investigación en su contra. Como informó oportunamente Infobae, la dimisión se produjo en medio del expediente penal y del proceso disciplinario iniciado a partir de la denuncia de la ex funcionaria judicial.

La ex empleada, con casi 20 años de antigüedad en el Poder Judicial bonaerense, lo acusó de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento laboral, con consecuencias en su salud mental y en su vida profesional y personal, frente a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Según el relato de la mujer, identificada como G.B.S., la situación comenzó a agravarse en febrero de 2025, semanas antes de que García Maañón retomara la titularidad rotativa del tribunal. En ese período, el magistrado comenzó un intercambio de mensajes de carácter personal que, con el correr del tiempo, derivó en comunicaciones persistentes y de contenido sexualizado.

La mujer señaló que, en un primer momento, respondió esos mensajes con cortesía, pero que la insistencia y la naturaleza de los textos la fueron incomodando de manera creciente. La situación escaló hasta un episodio que la llevó a formalizar la denuncia. El magistrado había escrito en un grupo institucional de WhatsApp, ante todos los integrantes de la Cámara, que no deseaba continuar trabajando con ella y dio a entender que ya había incurrido en errores durante su gestión anterior. La mujer describió ese mensaje público como una forma de degradación institucional que determinó su decisión de recurrir a la vía disciplinaria.